La ACCO actúa como un Tribunal Franquista de Orden Público
La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha resuelto un expediente que Uber le ordenó abrir, imponiendo una sanción de 122.910 euros a Élite Taxi por «boicotear» la entrada de la empresa que tributa en paraísos fiscales.
Elite Taxi Barcelona ha anunciado que va a incoar movilizaciones en las que, aseguran, “las calles de Cataluña arderán”, tras conocerse la sanción impuesta por la ACCO, por llamar al boicot contra Uber.
“Nosotros lo que hacemos es decir lo que pensamos”, ha asegurado en declaraciones a los medios el portavoz de la organización Tito Álvarez. “Uber es el peor enemigo del taxi y desde Competencia pretenden censurarnos”.
“No nos van a callar”, ha insistido Álvarez, que ha arremetido contra la ACCO, al acusarla de actuar como un tribunal franquista y “brazo armado de las multinacionales contra los trabajadores y los autónomos”.
Aseguran desde Élite que nunca se ha escondido en su crítica a quienes considera que están “intentando eliminar el taxi desde fuera y desde dentro del sector”. Creen además que las acusaciones de Élite a Uber “no son meras opiniones o acusaciones gratuitas”, sino que han ido acompañadas de “denuncias ante los reguladores y en los juzgados” al considerar que “incumplen sistemáticamente la ley”.
Desde la organización interpretan que se pueden estar produciendo actos de prevaricación y cohecho por parte de la cúpula de los que se llaman «Competencia», por lo que lo llevarán a todas las instancias judiciales al considerar que se trata de un “ataque interesado contra las libertades fundamentales”.
Denuncian también que se ha presentado una “foto parcial tergiversada” en la que se acusa a Élite de tener intereses empresariales para boicotear a un competidor. Algo que interpretan como “un cuestionamiento a los derechos fundamentales y una defensa de los intereses de las grandes empresas en contra de los autónomos y la clase trabajadora”.
“Somos muy beligerantes, pero defenderemos los derechos de los trabajadores”, ha insistido Álvarez, que ha defendido su derecho a la libertad de expresión e ideológica. “Vamos a pedir a los representantes políticos que no se pongan de perfil, porque son ellos responsables de esta institución que actúa como un tribunal franquista”.
