El 29 de septiembre no podrá aplicarse la obligación del seguro para perros
El próximo 29 de septiembre, seis meses después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entrará en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal. Este nuevo marco normativo, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se convertirá en la primera norma estatal que regula la relación con los perros, gatos y otros animales de compañía, e implicará nuevas obligaciones y deberes para todos aquellos que tengan alguna mascota a su cargo.
Una de las principales novedades de la ley, y seguramente la que afectará a más gente, es que se exigirá el contrato de un seguro de responsabilidad civil a todos los propietarios de perros, independientemente de la raza, tamaño o edad. Hasta ahora, sólo los propietarios de razas catalogadas como peligrosas estaban obligados a tener ese tipo de seguro. De no tenerla, ahora el titular del animal podrá ser multado con sanciones que irán de los 500 a los 10.000 euros.
Todo lo que debes saber sobre la nueva Ley de Bienestar Animal
No podrá aplicarse a partir del 29 de septiembre
El seguro de responsabilidad civil obligatorio para los dueños de perros, el curso de formación para los nuevos propietarios o la creación de un registro estatal de animales de compañía todavía no serán una realidad ya que estos puntos necesitan contar con un reglamento específico complementario.
El Ministerio de Derechos Sociales ha mandado esta semana una circular a los colegios de veterinarios y a otras administraciones públicas competentes donde se pospone la contratación obligatoria del seguro para perros hasta que se apruebe el reglamento específico. Se mantiene, por ahora, la obligación para los perros potencialmente peligrosos.
«En puridad de términos jurídicos, no resulta efectivamente aplicable hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de dicho precepto, de conformidad con lo dispuesto en el mismo», dice la circular.
El reglamento específico no se ha podido llevar a cabo al estar en funciones el Gobierno. «Este reglamento tiene forma de Real decreto y es necesario un gobierno con plenas funciones para aprobarlo», apuntan fuentes ministeriales, que aseguran que el texto está listo para obtener luz verde, a la espera de que cambie la situación política.
