La Audiencia de Barcelona afronta un juicio sin pruebas sólidas por el supuesto montaje policial del Puerto
El proceso judicial que investiga un supuesto montaje contra el estibador Carlos L. entra en su fase final en la Audiencia de Barcelona, tras años de instrucción, contradicciones y versiones opuestas. La causa, que apunta a una presunta conspiración entre agentes policiales y personas vinculadas al ámbito portuario, carece de pruebas concluyentes, lo que ha puesto en duda la solidez de la acusación.
Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando Carlos L. fue detenido después de hallarse una pistola, un hacha y drogas en su vehículo. Aunque el operativo se vinculó inicialmente a un caso de narcotráfico, pronto surgieron indicios de un posible montaje policial.
El Puerto de Barcelona, epicentro del tráfico marítimo y de operaciones de drogas en Europa, se convierte así en el telón de fondo de una historia de confidentes, venganzas y acusaciones sin respaldo documental.
El caso se entrelaza también con la figura de David Caballero, alias “Bubito”, estibador y confidente policial asesinado en Montgat en 2024. Diversas fuentes sostienen que un conflicto previo entre él y Carlos L. habría motivado la supuesta colocación de la droga como represalia.
Cuatro acusados y una acusación que pierde fuerza
En el banquillo se sientan dos agentes de los Mossos d’Esquadra y dos civiles, tío y sobrino, presuntamente implicados en la manipulación del vehículo del estibador. La Fiscalía sostiene que los agentes accedieron a bases de datos policiales para obtener información sobre la víctima y que los civiles colocaron la droga mientras este se encontraba en el gimnasio.
Sin embargo, no existe ninguna prueba directa que respalde esa versión. Los registros informáticos son ambiguos y las claves de acceso eran compartidas entre varios miembros de la unidad, lo que impide identificar quién realizó las consultas.
Pese a ello, el Ministerio Público mantiene la petición de 18 años y nueve meses de prisión para los mossos y 14 años para los otros dos acusados.
La fotografía que desmontó la acusación
Uno de los puntos de inflexión del juicio ha sido una fotografía de la llamada “Operación Picapiedra”, en la que un confidente aseguró reconocer a los agentes apodados “Pep” y “Godzilla”. La defensa demostró que uno de ellos ni siquiera estaba en España en ese momento: se hallaba de vacaciones en Brasil, tal como acreditó con su pasaporte sellado.
El tribunal admitió la prueba documental, dejando en evidencia una grave contradicción en la tesis acusatoria. “Es imposible que lo reconocieran si no estaba allí”, insistió el abogado defensor ante los magistrados.
Testigos inconsistentes y un confidente fantasma
La trama se complica aún más con la ausencia del supuesto confidente Luis Soler, que no figura en la causa y jamás ha declarado ante la justicia. Su nombre solo aparece citado por terceros, lo que incrementa la confusión.
A esto se suma el testimonio de un testigo protegido, que negó haber participado en los atestados atribuidos a su nombre. “Todo me lo contaron los mossos, yo no firmé nada”, declaró ante el tribunal, generando nuevas dudas sobre la veracidad de las pruebas policiales.
La defensa y el drama humano detrás del caso
Los dos agentes acusados han reiterado su inocencia, negando cualquier vínculo con el estibador o con el entorno del narcotráfico. Uno de ellos explicó que no estaba de servicio en el momento de las consultas informáticas y que las claves del subinspector eran de uso común, por lo que cualquiera podría haber accedido.
Mientras tanto, Carlos L. ha relatado ante el tribunal las secuelas psicológicas que sufre desde su detención. Un informe psiquiátrico confirma que padece ansiedad y miedo constante, convencido de que aún es vigilado. “Le destrozaron la vida colocándole armas y drogas”, explicó el perito médico.
Un juicio marcado por las sombras
El proceso ha puesto en evidencia las fisuras de la investigación, construida sobre testimonios contradictorios y pruebas débiles. Las unidades policiales implicadas se señalan entre sí, los confidentes han desaparecido y la documentación resulta insuficiente.
Sin evidencias sólidas, los agentes permanecen bajo una acusación que se tambalea por falta de fundamento. La Audiencia de Barcelona deberá decidir ahora si existió una conspiración para incriminar a un inocente o si todo responde a una investigación mal planteada.
En los pasillos del tribunal resuena una frase que resume el trasfondo del caso:
“Lo que pasa en el puerto, se queda en el puerto.”
