El magistrado estrecha el cerco sobre las VTC en la investigación del caso UDEF
El magistrado encargado de la investigación conocida como caso del comisario de la UDEF ha requerido a las plataformas de transporte Uber, Cabify y Bolt que faciliten datos detallados sobre 13 compañías de vehículos de alquiler con conductor.
En concreto, el juez ha pedido el historial completo de viajes y los pagos gestionados por estas empresas VTC que operaron con la tecnología de dichas plataformas entre los años 2020 y 2024. Esta solicitud se enmarca dentro de una investigación judicial de gran alcance vinculada a presuntos delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales.
Una investigación que salpica al exjefe de la UDEF
La causa afecta al exresponsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Óscar Sánchez Gil, quien figura como investigado. La providencia judicial acompaña al auto de procesamiento dictado contra la mayoría de los integrantes de la supuesta red criminal, aunque el mando policial está en prisión y aún no ha sido formalmente procesado.
Pillan al jefe de Blanqueo de la Policía en Madrid con más de 20 millones escondidos
El objetivo del juzgado es esclarecer el papel que habrían desempeñado determinadas estructuras empresariales en la presunta operativa de ocultación de beneficios ilícitos.
Sospechas sobre el uso de empresas VTC para blanquear capitales
El juez del Tribunal Central de Instancia pretende determinar cómo el presunto financiero de la trama, Ignacio Torán, habría utilizado diferentes sociedades para introducir en el circuito legal los fondos obtenidos del tráfico de drogas.
Según recoge el auto, el dinero procedente de la venta de importantes cargamentos de cocaína se habría canalizado a través de estas empresas vinculadas a plataformas de movilidad, generando así una apariencia de ingresos legales derivados de la actividad ordinaria de las flotas VTC.
Ramificaciones internacionales y sociedades offshore
La resolución judicial apunta a que este sistema no era el único mecanismo empleado para el blanqueo. Parte de los movimientos económicos se habrían presentado como inversiones aparentemente legítimas, aunque en realidad tendrían como finalidad regularizar capitales de origen ilícito.
La investigación también revela posibles conexiones fuera de España, con estructuras en Singapur y Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, el magistrado vincula al investigado con sociedades offshore radicadas en Estados Unidos y Panamá, presuntamente administradas por testaferros con el mismo propósito.
Siete procesados y varias sociedades bajo sospecha
El auto sitúa a siete personas y ocho empresas al borde del juicio oral. Estas entidades habrían sido utilizadas, según la instrucción, para canalizar el dinero procedente del tráfico de cocaína. Entre las sociedades investigadas se encuentran algunas que operaban mediante la infraestructura tecnológica de las plataformas de transporte mencionadas.
Próxima declaración ante la Audiencia Nacional
El procedimiento continúa avanzando y tiene como próximo hito la declaración voluntaria del inspector jefe Óscar Sánchez, fijada para el 9 de marzo en la Audiencia Nacional, ante el juez instructor Francisco de Jorge.
El exjefe policial fue arrestado a finales de 2024 en su domicilio de Alcalá de Henares, donde los agentes localizaron cerca de 20 millones de euros ocultos en el interior de las paredes, además de varios vehículos de alta gama.
Su detención se produjo tras el descubrimiento de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, una operación que, según las pesquisas, habría sido impulsada por la organización con la presunta colaboración del alto mando policial.
