Sanidad prepara una ley para blindar la sanidad pública frente a los fondos de inversión
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Gobierno está ultimando la nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, una norma que restringirá la colaboración público-privada y que pretende blindar la sanidad pública frente a la entrada de fondos de inversión. El Ejecutivo prevé aprobarla a principios de 2026.
Derogación de la ley de 1997 y control del ánimo de lucro
En una entrevista concedida a El País tras el escándalo del hospital público de Torrejón de Ardoz, gestionado por el grupo privado Ribera Salud, la ministra aseguró que la nueva norma derogará la ley de 1997 que permitió nuevas formas de gestión del sistema público y que establecerá límites claros al ánimo de lucro dentro de la sanidad.
Según García, “se ha pervertido la colaboración público-privada” hasta convertirla en una “relación parasitaria”, por lo que la futura ley será “mucho más amplia” y fijará reglas estrictas para evitar la mercantilización de la sanidad.
Protección frente a los fondos de inversión
La ministra recalcó que la norma no prohibirá por completo la colaboración público-privada, pero sí limitará la participación de empresas con ánimo de lucro y protegerá el sistema frente a los fondos de inversión y la “depredación” de los recursos públicos.
El Ministerio de Sanidad confía en que la ley se apruebe dentro de esta legislatura y sea elevada al Consejo de Ministros a comienzos de 2026.
Control y trazabilidad de las listas de espera
Además, el departamento que dirige García trabaja en un real decreto sobre listas de espera que permitirá un mayor control y trazabilidad del recorrido del paciente, desde la atención primaria hasta la cirugía.
La ministra denunció que actualmente las listas de espera son “cajas negras”, especialmente en el ámbito quirúrgico, donde el acceso no siempre es directo desde el cirujano, sino que pasa por servicios intermedios.
Acusaciones a la Comunidad de Madrid
García acusó a la Consejería de Sanidad de Madrid de “maquillar” los datos sobre las listas de espera quirúrgicas que se publican semestralmente. Según la ministra, existen dudas sobre la veracidad de los datos reales.
En el caso del hospital de Torrejón, el Ministerio y el grupo político Más Madrid acudirán a la Fiscalía por un presunto delito de lesiones contra pacientes. También se enviará a la Alta Inspección Sanitaria para investigar lo ocurrido.
Críticas al grupo Quirón y al Gobierno madrileño
La ministra lamentó que estas prácticas se estén produciendo también en el grupo Quirón, al que acusó de haberse visto beneficiado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
“Lo que ocurre en Torrejón es un aprendizaje de lo que lleva pasando en Quirón desde hace años”, afirmó García, denunciando un trasvase sistemático de pacientes públicos a la sanidad privada.
Finalmente, recordó que desde la llegada de Ayuso al Gobierno regional, más de 5.000 millones de euros habrían ido a parar al grupo Quirón.
