El Gobierno de Cantabria contra el taxi

El Gobierno de Cantabria contra el taxi

Los taxistas cántabros llevan tiempo reclamando al Gobierno Regional de Cantabria una calificación del transporte de las rutas escolares en dos lotes, una para los taxis y otra para los autobuses, pero la Consejería de Educación no solamente no hace caso de las propuestas, sino que pone todos los impedimentos posibles para que el sector del taxi no pueda beneficiarse de estas concesiones.

«Nuestro presidente Miguel ángel Revilla siempre se ha vanagloriado de utilizar el taxi absolutamente para todo, pero esto es solamente de puertas para afuera, ya que de puertas para adentro la realidad es muy distinta», denuncian los taxistas cántabros.

Y es que el sector del taxi reclama al Gobierno de Cantabria que las rutas escolares en las que el transporte sea de hasta ocho personas se puedan realizar en igualdad de condiciones que las concesiones que se dan a las empresas de autobuses.

Además, reclaman que incluso cuando estas rutas sean de más de ocho personas, puedan realizarse en más de un vehículo, y en lado opuesto, que no se permita que las empresas de autobuses puedan realizar estos transportes cuando las rutas son de tres o cuatro personas.

Además del problema de medio ambiente que genera el que un autobús realice una ruta para llevar a tres niños al colegio, se suma el gasto económico, ya que un autobús cobra hasta cuatro veces más que lo que facturaría un taxi con el mismo servicio.

Cabe recordar que el pasado mes de junio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó con casi un millón de euros a varias empresas de transporte con concesión del Gobierno de Cantabria por formar un cártel acreditando acuerdos de no competencia entre las empresas para no concurrir a las mismas licitaciones y preservar las rutas a favor de las empresas que las venían prestando.

En este sentido, la CNMC considera que las conductas de estas empresas constituyen una infracción, constitutiva de cártel, cometida por las siguientes empresas a las que se les impuso las sanciones siguientes:

  • Anfersa Adaptado, S.L.: 25.913 euros
  • Autobuses Benito, S.L.: 36.296 euros
  • Autocares Mariano, S.L.: 20.000 euros
  • Transportes Terrestres Cántabros, S.A. y solidariamente a su matriz General Técnica Industrial, S.L.: 615.391 euros
  • Zorrilla e Hijo, S. L.: 10.465 euros

Los acuerdos falsearon una gran cantidad de procedimientos de licitación que afectaron al menos a 15 contratos. Por este motivo, la CNMC decidió imponer por esta segunda infracción las sanciones siguientes:

  • Transportes Terrestres Cántabros, S.A. y solidariamente a su matriz General Técnica Industrial, S.L.: 263.739 euros
  • Autobuses Benito, S.L.: 13.960 euros

Denuncia ante la fiscalía anticorrupción

La Federación Cántabra del Taxi, presentó una denuncia el pasado mes de junio ante la fiscalía anticorrupción por un supuesto delito de prevaricación contra los responsables de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria, por los procedimientos para la adjudicación de contratos de servicios de transporte escolar que convoca dicha consejería.

Los taxistas acusan a la empresa de transportes Susana Diez, S.L. de duplicar las rutas y de haberse beneficiado de un importe de 28.000 euros anuales en rutas redundantes, sin que la Consejería de Educación se haya percatado. Además, la denuncia presentada por los taxistas ante la fiscalía, presenta varias irregularidades, además de presuntamente un falseo de datos para que las empresas adjudicatarias vinculadas a Susana Diez, S.L., sean siempre las beneficiarias.

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