EEUU revoca la nacionalidad al exmilitar chileno Barrientos por el asesinato de Victo Jara

El exmilitar chileno Barrientos pierde la nacionalidad estadounidense por el asesinato de Victor Jara

El teniente chileno Pedro Pablo Barrientos Núñez, uno de los acusados del asesinato de Víctor Jara -junto al exteniente de Ejército, Hugo Sánchez Marmonti- perdió su nacionalidad estadounidense, por su implicación en la muerte del reconocido cantautor chileno, durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La sanción fue impuesta por el juez Roy Dalton, del Distrito Central de Florida, después de que en 2016 Barrientos fuera hallado responsable en una corte de Florida de la tortura y el asesinato en 1973 del compositor.

“Se revoca la naturalización del demandado Pedro Pablo Barrientos y se cancela el Certificado de Naturalización (…) emitido al demandado, con vigencia a partir de la fecha original de su naturalización, 17 de diciembre de 2010”, escribió en el fallo, el juez Roy Dalton.

Nacionalidad estadounidense que Barrientos había adquirió de forma ilegal, ya que al haber cometido actos ilegales, prestado falso testimonio y participado en ejecuciones extrajudiciales, estaba invalidado para hacerlo, según consta en el expediente judicial.

En 2016, un jurado de un tribunal federal en Orlando responsabilizó al exmilitar de la muerte de Víctor Jara, tras una demanda presentada por la esposa del cantante, Joan, y sus dos hijas, Manuela Bunster y Amanda. Hechos que sucedieron en el Estadio Chile –que ahora lleva el nombre de Victor Jara–, convertido en un centro de detención y tortura al comienzo de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).


Vuelve la canción de Victor Jara como himno de nuestro tiempo

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Según la documentación oficial, el exmilitar entró en Estados Unidos en julio de 1990 con una visa de visitante y siete años después se casó con una ciudadana estadounidense. Barrientos contestó en los trámites migratorios, entre ellos los de residencia permanente y ciudadanía, que no había estado vinculado a ninguna organización política ni servicio militar.

Igualmente negó que había participado en algún genocidio o el asesinato de cualquier persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política.

La demanda civil fue presentada en 2013 por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco (EEUU), bajo la ley de protección de víctimas de tortura de 1991.

Desde entonces, la familia ha presionado también para que Barrientos sea extraditado a Chile.