El Supremo aparta a García Ortiz tras condenarlo por revelar información reservada
El Tribunal Supremo ha impuesto dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de difusión de información reservada. La decisión, conocida este jueves, está vinculada a la filtración de un correo electrónico relacionado con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La sentencia también obliga a García Ortiz a indemnizar con 10.000 euros a González Amador por los perjuicios morales generados.
Una resolución rápida, pero no unánime
La resolución llegó con rapidez, apenas una semana después de que el juicio quedara visto para sentencia, aunque dos de los siete magistrados expresaron un voto particular que será difundido próximamente. Por ahora, la sentencia no puede ejecutarse porque aún no está completamente redactada, y la única vía de recurso posible es el Tribunal Constitucional.
Reacción del gobierno español
El ejecutivo ha señalado que respeta, aunque no comparte, el fallo. Desde el gobierno anuncian que iniciarán en breve los trámites para designar a un nuevo fiscal general, destacando de García Ortiz su “defensa de la ley y la verdad” mientras estuvo al frente de la institución.
La defensa de García Ortiz y el desarrollo del juicio
Durante el juicio, celebrado la semana pasada, el todavía fiscal general mantuvo su inocencia, y los periodistas llamados a declarar como testigos no lo señalaron como responsable de la filtración. Pese a ello, el caso llegó al Supremo en un contexto marcado por la denuncia de un presunto fraude fiscal que afectaba a González Amador.
El origen del caso y la filtración del correo
La investigación apuntaba a un correo enviado el 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de González Amador reconocía la existencia de dos delitos fiscales. Todo se aceleró cuando, el 14 de marzo de 2024, la Fiscalía de Madrid difundió una nota de prensa —según el instructor, previamente consensuada— que incluía detalles sensibles presentes únicamente en ese mensaje. Esos datos ya estaban en manos de varios medios horas antes. Para el Supremo, este hecho constituye un delito de revelación de información reservada.
Un precedente histórico
A pesar de ocupar el máximo cargo del Ministerio Público, García Ortiz fue procesado el 9 de junio de 2025, un acontecimiento sin precedentes en la justicia española. Nunca antes un fiscal general había sido juzgado como acusado ante el Tribunal Supremo, lo que convierte este caso en un episodio especialmente significativo en la historia judicial del país.
