Boye anuncia una querella contra el juez Aguirre por prevaricación y gastos de recursos públicos
Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, ha anunciado que presentarán una querella contra el juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, por prevaricar en la apertura de una pieza separada para investigar a Puigdemont, a Artur Mas y a 11 personas más de sus entornos por los supuestos delitos de malversación y traición en el marco de la presunta ‘trama rusa’.
Un delito, el de traición, que está excluido de la amnistía si se demuestra un ataque o injerencia extranjera con peligro real contra el Estado, pero que el letrado de Puigdemont descarta taxativamente. «No tenga duda que presentaremos una querella muy bien fundada sobre la base de la prevaricación que él ha cometido y que ha firmado», ha garantizado Boye este viernes en una entrevista en 3/24.
El abogado ha dicho que en los próximos días se querellarán «contra él y contra quienes resulten responsables» de la supuesta prevaricación, al considerar que Aguirre dirige, ha asegurado, la «verdadera trama rusa del Procés». Además de prevaricación, Boye considera que el magistrado también malversa recursos públicos, porque, como él mismo dice, la Audiencia provincial de Barcelona le prohíbe continuar la instrucción con efecto a julio de 2023. El juez asegura en su texto que busca una solución alternativa «por razones de equidad y justicia, así como por la importancia histórica para la Unión Europea» y Boye sostiene que «en Derecho, una solución alternativa se llama prevaricación».
«Del juez Aguirre nos esperamos eso y muchas más cosas. En el delirio de Aguirre, creo que no se ha leído la amnistía. Porque el delito de traición requiere unos requisitos cumulativos que no se dan, porque los hechos no son delictivos,» ha argumentado Boye, que asegura que «hay una serie de informes que dicen que eso no pasó» y que este es «un planteamiento muy psicodélico». «La ley y la decencia no permite lo que ha hecho», ha afirmado el letrado, que considera que «en nada ayuda al prestigio de la judicatura estatal» que Aguirre esté ejerciendo.
El abogado también ha asegurado que Aguirre ha ido dos veces ya al Tribunal Superior de Justicia y este le ha devuelto sus causas diciendo que no hay nada. Boye ha reiterado que Aguirre empezó a abrir estas causas en el 2016 y que son ya más de 8 años que «gasta recursos públicos por una obsesión» y que ahora ha querido encausar con una teoría rocambolesca a personas próximas a Puigdemont y también de rebote hacer insinuaciones para atacar el gobierno de Pedro Sánchez. «Desde el punto de vista técnico y jurídico, esto no es más que un disparate», ha asegurado. «Yo no soy psiquiatra, pero creo que eso excede el ámbito jurídico», ha concluido.
Supuesta traición e injerencias rusas
El juez Aguirre investiga delitos de traición y malversación de caudales públicos por la supuesta vinculación de líderes independentistas con autoridades rusas e injerencias que haya podido tener que Rusia o China. En concreto, el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona ha abierto una nueva pieza separada sobre la injerencia rusa al movimiento independentista catalán dentro del caso Diputació, abierto el 2016 por unas subvenciones a entidades afines en Convergència (que después derivó a la causa de Volhov).
El magistrado ha imputado una docena de personas, entre los cuales se encuentran el mismo Boye; Puigdemont, el jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay; el expresident Artur Mas; el diputado Francesc de Dalmases; la exconsellera Elsa Artadi; el entonces encargado de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas; o un par de periodistas. A la resolución se remite a viajes y gastos por la promoción de Catalunya al exterior.
