FACUA denuncia a la operadora de Bertín Osborne por posibles incumplimientos en consumo y publicidad
La organización de consumidores FACUA ha denunciado a la operadora de telefonía asociada a Bertín Osborne, al considerar que su actividad podría vulnerar hasta cinco normativas distintas en materia de consumo, publicidad y protección de datos.
La compañía, comercializada bajo la marca Española de Telefonía, ha sido señalada por la asociación tras el análisis de su publicidad y funcionamiento inicial, que, según su criterio, presenta varias irregularidades relevantes en la información ofrecida a los usuarios.
Uno de los principales motivos de la denuncia es la posible existencia de publicidad engañosa, relacionada con una tarifa promocionada como especialmente económica. FACUA sostiene que el mensaje publicitario podría inducir a error al consumidor al comparar precios sin reflejar correctamente las condiciones del mercado.
Además, la organización cuestiona que la operadora no ofrezca de forma clara toda la información contractual en su página web, incluyendo aspectos esenciales como el derecho de desistimiento, condiciones del servicio o datos completos de la empresa.
Otro de los puntos señalados es la atención al cliente, ya que los canales habilitados no serían gratuitos, lo que podría contravenir la normativa vigente en materia de telecomunicaciones.
Posibles vulneraciones de varias leyes de consumo y protección de datos
FACUA argumenta que estos hechos podrían suponer incumplimientos de distintas normativas, entre ellas las relacionadas con publicidad, competencia desleal, servicios digitales y protección de datos personales.
En este sentido, también se cuestiona el tratamiento de la información de los usuarios en la web de la operadora, así como la falta de transparencia sobre la gestión de los datos personales y las condiciones en las que estos son recopilados.
Investigación administrativa en curso
La denuncia ha sido trasladada a distintos organismos de consumo y regulación para su análisis. Por el momento, el procedimiento se encuentra en fase inicial y será la administración competente la que determine si existen infracciones sancionables.
El caso se enmarca en un contexto más amplio de control sobre nuevas operadoras y servicios digitales que utilizan campañas publicitarias agresivas o poco transparentes, especialmente en el sector de las telecomunicaciones.
