Investigación judicial al alcalde de Colmenar de Oreja del PP, por presuntas irregularidades en los festejos taurinos
El alcalde del Partido Popular en Colmenar de Oreja Miguel Ángel Pulido, se encuentra bajo investigación judicial por un presunto delito de prevaricación administrativa vinculado a la adjudicación de los festejos taurinos del municipio. La causa también afecta a un funcionario municipal y a un empresario del sector.
El procedimiento se centra en la contratación de los festejos celebrados en 2024, en los que se habrían detectado posibles irregularidades en el proceso de adjudicación. Según la investigación, se habrían modificado condiciones del contrato que habrían limitado la concurrencia de otras empresas interesadas.
La investigación no es nueva, ya que el asunto había sido archivado en un primer momento. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó su reapertura, obligando al Juzgado de Instrucción de Aranjuez a continuar con las diligencias.
Esta decisión implica que el procedimiento vuelve a activarse tras la revisión del archivo inicial, al considerar que existen indicios suficientes para seguir analizando los hechos denunciados.
Posibles irregularidades en la adjudicación
Según los denunciantes, el proceso de contratación habría sido alterado de forma que otras empresas del sector no pudieron presentarse en condiciones de igualdad. Este tipo de modificaciones en los pliegos de contratación es lo que sustenta la acusación de prevaricación.
La empresa finalmente adjudicataria habría resultado beneficiada en un procedimiento que, según la denuncia, no habría garantizado la libre competencia entre licitadores.
Investigación abierta y próximos pasos judiciales
El caso se encuentra en fase de instrucción, con varias personas llamadas a declarar en el marco de la causa. Entre ellas figuran responsables municipales y representantes de la empresa adjudicataria.
El juzgado deberá determinar si existió una actuación arbitraria en la contratación pública y si los hechos pueden constituir un delito de prevaricación administrativa, lo que podría derivar en responsabilidades penales si se confirma la acusación.
