Fiscalía y Abogacía del Estado piden amnistiar a Puigdemont y cuestionan al Supremo
La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado al Tribunal Constitucional que aplique la amnistía a Carles Puigdemont y han criticado la decisión del Tribunal Supremo de excluir el delito de malversación. Según han avanzado varios medios, los dos organismos consideran que la interpretación del alto tribunal es “irrazonable” y “arbitraria”.
En sus escritos, sostienen que la ley de amnistía fue diseñada precisamente para perdonar los delitos vinculados al Procés, con la única excepción de los casos en los que exista enriquecimiento personal. Recuerdan además que el Constitucional decidió hace dos semanas mantener la orden de detención del expresident mientras analiza si debe aplicarse la amnistía, pese a la oposición inicial de ambos organismos a una aplicación cautelar.
Sin indicios de beneficio personal
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado subrayan que no existen pruebas de enriquecimiento patrimonial personal por parte de Puigdemont. Por ello, consideran que la interpretación del Supremo contradice el sentido y la finalidad de la norma.
El abogado del Estado sostiene que la decisión de la sala penal constituye una interpretación no motivada e irrazonable de la ley. A su juicio, la única lectura coherente de la norma es que el beneficio obtenido en el marco del proyecto independentista es precisamente el que la ley pretende amnistiar, siempre que no haya desviaciones hacia la corrupción personal.
También remarca que en la sentencia del Supremo no se mencionó ningún beneficio patrimonial personal ni se apreció ánimo de enriquecimiento, por lo que considera que la interpretación del tribunal no era previsible y se aparta del contenido de la ley.
Críticas más duras del ministerio público
El fiscal adopta un tono más contundente y afirma que el criterio del Supremo no puede calificarse de razonable ni coherente con la finalidad de la ley. Según su interpretación, la norma busca reducir las consecuencias penales del procés y favorecer una mayor convivencia social.
En este sentido, sostiene que considerar las actuaciones de Puigdemont como un beneficio personal supone negar la naturaleza política y pública de los hechos. También cuestiona la lógica de exigir que miembros de un gobierno asuman con su propio patrimonio actuaciones vinculadas a su cargo.
El ministerio público considera que la argumentación del Supremo se basa en una interpretación que contradice el tenor literal de la ley y que ignora su dimensión política y constitucional.
Debate sobre la finalidad de la amnistía
El fiscal defiende que no es razonable pensar que el legislador haya aprobado una ley de amnistía solo para eximir a particulares, y no a responsables políticos implicados en el conflicto. Además, recuerda la obligación de aplicar una interpretación favorable al procesado, conforme a los límites que marca la ley.
También critica que el Supremo haya mantenido las medidas cautelares sin justificar adecuadamente esa decisión y sin responder a los argumentos sobre el derecho a ejercer cargos de representación política, que podría verse afectado por la negativa a aplicar la amnistía.
