Élite Taxi lleva a Uber ante la Guardia Civil por presunto fraude fiscal y laboral
La asociación profesional Élite Taxi ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil en la que sostiene que Uber opera en España a través de un entramado societario complejo cuyo objetivo sería reducir su carga fiscal, precarizar las condiciones laborales y competir en desigualdad con el taxi y otras empresas de transporte reguladas.
La denuncia, registrada ante la Unidad de Policía Judicial de Zona de Cataluña, va acompañada de un informe jurídico de 72 páginas que defiende que Uber actúa en la práctica como una empresa de transporte, aunque formalmente se defina como una mera plataforma tecnológica de intermediación.
Una red internacional diseñada para minimizar impuestos
Según la documentación aportada, Uber habría articulado una estructura societaria internacional con presencia en territorios de baja o nula tributación, como Delaware, Bermudas, Panamá o Singapur, con el fin de desplazar beneficios fuera de España.
El informe explica que la empresa traslada la propiedad intelectual a estas jurisdicciones y canaliza pagos mediante royalties, intereses o derechos de uso, lo que permitiría eludir el pago del Impuesto de Sociedades y del IVA en los países donde se genera realmente la actividad.
Las sociedades españolas, entre ellas Uber Systems Spain S.L., recibirían únicamente los fondos necesarios para cubrir gastos operativos, pese a desempeñar funciones esenciales de organización, promoción y gestión del servicio. Para Élite Taxi, este sistema vacía de contenido fiscal a las filiales locales y supone una pérdida millonaria de ingresos para la Hacienda pública.
El IVA como elemento clave del conflicto
Otro de los ejes centrales de la denuncia es el tratamiento del IVA, que la asociación califica como artificial y distorsionador de la normativa vigente. Según Élite Taxi, Uber debería ser quien recaude y declare el IVA aplicando el régimen general, en lugar de trasladar esta responsabilidad a los conductores.
El escrito describe un esquema en el que Uber cobra directamente al usuario a través de la aplicación, abona al conductor el importe del viaje tras descontar su comisión y sostiene que el servicio lo presta el conductor, mientras la empresa se presenta como intermediaria.
Para los denunciantes, esta operativa no refleja la realidad económica del servicio, reduce de forma artificial la carga fiscal de Uber y genera una competencia desleal frente a otros operadores que cumplen íntegramente con la normativa tributaria.
Control laboral y uso de falsos autónomos
El informe también pone el foco en el modelo laboral de Uber, que, según Élite Taxi, se basa en un control exhaustivo de los conductores mediante algoritmos, tarifas impuestas, criterios de comportamiento, asignación de servicios y sistemas de penalización.
La denuncia señala la existencia de rasgos propios de una relación laboral, como la dependencia organizativa, la fijación unilateral de precios, el control del rendimiento y la ausencia de autonomía real, a pesar de que los conductores figuran como autónomos. Esto los situaría en la categoría de falsos autónomos, sin acceso a bajas médicas, vacaciones, prestaciones por desempleo ni negociación colectiva.
Desde la asociación se sostiene que esta precarización no es accidental, sino una pieza central del modelo de negocio, orientada a disciplinar a los trabajadores y limitar su capacidad de organización.
Una impugnación al modelo de negocio de Uber
Más allá de infracciones concretas, la denuncia plantea una crítica de fondo al modelo empresarial de Uber, al que acusa de aprovechar vacíos legales, operar al límite de la normativa y externalizar costes fiscales, laborales y sociales.
Élite Taxi defiende que Uber no actúa como una plataforma neutral, sino como una empresa de transporte que elude las reglas del sector, generando graves desequilibrios competitivos frente a quienes cumplen con licencias, obligaciones fiscales, cotizaciones a la Seguridad Social y tarifas reguladas.
En un escenario de mayor exigencia normativa en la Unión Europea y en Cataluña, el informe concluye que permitir la continuidad de este modelo sin una supervisión estricta perjudica al interés general. Según se indica, la Guardia Civil ya ha iniciado diligencias para analizar los hechos denunciados.
