Todos contra Ada Colau: La derecha, fondos buitre, VTC, patronales y hoteleros
El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia de Aguas de Barcelona (Agbar) contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, por supuestas irregularidades en el plan del Ayuntamiento para la municipalización del suministro de agua.
La denuncia se suma a la larga lista de demandas contra concejales del gobierno municipal, en el marco de lo que el Ayuntamiento considera una «ofensiva judicial» para discutir la obra de gobierno a los tribunales. «El objetivo es embadurnarnos y ponernos al mismo nivel que los verdaderos corruptos», ha defendido este martes el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra.
La denuncia de Agbar señala supuestas irregularidades en subvenciones otorgadas a Ingeniería sin Fronteras (ISF), entidad en la que había trabajado en el pasado Bahía, ahora en el equipo de gobierno municipal.
Abogados Catalanes por la Constitución, entidad vinculada a Sociedad Civil Catalana y liderada por un ex representante de UPyD, ya presentó una demanda contra ISF, en la que alegaba irregularidades en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética, a través de un convenio aprobado durante el mandato de Trias.
La denuncia va dirigida contra Colau, la cuarta teniente de alcaldía del Ayuntamiento, Laura Pérez, las ex regidoras de Barcelona en Comú durante el pasado mandato, Gala Pin y Laia Ortiz, y la directora del Observatorio DESC, Irene Escorihuela.
Esta y demás demandas contra concejales del ejecutivo suelen centrarse en cuestiones troncales de la obra de gobierno y del modelo de ciudad, como la vivienda, los suministros básicos o el turismo.
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Fondos buitre y cadenas hoteleras
También sigue abierta la denuncia contra la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, acusada de prevaricación por el fondo de inversión London Private Company y los Pares Paüls.
Los primeros querían comprar la Casa Buenos Aires, y los segundos ansiaban construir un hotel de lujo en Vallvidrera. La ocupación de la finca, sin embargo, frustraron sus planes, ya que el Ayuntamiento aceptó la demanda de los colectivos vecinales y ha proyectado hacer vivienda social en los terrenos, a través de un plan de expropiación avalado por la Generalitat.
Antes, el fondo buitre Vauras Investment había denunciado a Ada Colau, la concejala de Vivienda, Lucía Martín, y al concejal del Distrito de Sants Montjuïc, Marc Serra, a quien acusaba de connivencia con las personas que habían ocupado un bloque de su propiedad en la calle Lleida, bautizado popularmente con el nombre de Bloc Llavors.
El fondo argumentaba que los sucesivos aplazamientos del desahucio le causaron pérdidas económicas. Finalmente, un juez ordenó el desalojo del bloque en marzo de 2020, que los Mossos ejecutaron, a pesar de la ley aprobada por la Generalitat que obligaba al fondo Vauras Investment a ofrecer un alquiler social a las familias que vivían en los pisos. La denuncia terminó archivada.
Siguió el mismo camino la denuncia contra la concejala de Ciutat Vella durante el primer mandato de Colau, Gala Pin, hecha por la inversora inmobiliaria MK Premium. Pin acusó a la compañía de «especuladora inmobiliaria» y de acosar a los vecinos de dos fincas de la calle Lancaster. Unas declaraciones que la Audiencia de Barcelona consideró ciertas.
También terminó archivada la querella de la cadena hotelera Praktik contra Sanz. Los propietarios de un solar en las Drassanes lo acusaban de prevaricación por no concederles la licencia para hacer un hotel de lujo.
La Audiencia de Barcelona también archivó la querella Contra Colau presentada por la patronal Unauto, que trabaja con los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) para las empresas de transporte Uber y Cabify. Unauto acusaba a la alcaldesa de prevaricación, malversación y desobediencia por la aprobación del Reglamento Metropolitano para entregar autorizaciones VTC.
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Cs y PP, al ataque contra Colau
Las sucesivas denuncias contra concejales del gobierno municipal han encontrado un altavoz en los grupos de la oposición, empezando por Ciudadanos. «El gobierno de Colau y el PSC se dedica a degradar las instituciones con sus malas prácticas», denunciaba este lunes la jefe de filas del partido naranja sin apenas representación en el consistorio, Mari Luz Guilarte, que reclamaba «apartar» de sus cargos los miembros denunciados de el ejecutivo local.
El PP, a través de su cuenta de Twitter, reclamaba a Colau «asumir responsabilidades» después de que el Tribunal de Cuentas admitiera a trámite la denuncia de Agbar.
El gobierno municipal ha salido al paso de la nueva demanda asegurando que estudiará emprender acciones legales contra los demandantes. «Se atacan los valores y prestigio de la ciudad», aseguró Serra.
El concejal calificó la demanda de Agbar «de ataque a la democracia», argumentando que la denuncia señala la voluntad de impulsar una consulta ciudadana sobre la gestión del agua.
Estos últimos meses los representantes del Ayuntamiento de Barcelona han recibido hasta ocho querellas penales que han acabado archivadas.
«¿Sabéis quién está detrás? Fondo buitres especuladores, hoteles de lujo, asociaciones ultra, AGBAR … En fin: los que tienen el poder económico y que ven amenazados sus privilegios.
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