Terminada la instrucción contra Garcia Albiol por prevaricación y malversación
Xavier García Albiol con Mariano Rajoy

Terminada la instrucción contra Garcia Albiol por prevaricación y malversación

El juzgado de instrucción número 4 de Badalona ha terminado la instrucción del procedimiento contra el alcalde del municipio, Xavier Garcia Albiol, y otras siete personas más, por prevaricación urbanística y malversación de fondos públicos.

El caso gira en torno a la instalación de dos antenas de telefonía móvil sin licencia que se instalaron entre el 2012 y el 2018 en terrenos de titularidad municipal, en concreto en el cuartel de la Guardia Urbana. La causa afecta a concejales de aquel mandato de Albiol pero también al de Urbanismo de la época de Dolors Sabater. Ahora el juez da 10 días a las partes para formular escrito de acusación y solicitar apertura de juicio oral o bien el archivo de la causa.

A raíz de una situación de problemas de cobertura móvil en Badalona, Vodafone pidió al Ayuntamiento instalar una estación base de telefonía, pero todo de manera informal. Esta instalación, remarca el juez, requería una licencia urbanística y también ambiental. Además, la finca donde se colocó era un equipamiento de nueva creación de carácter local y no está permitido instalar antenas. También había un expediente patrimonial porque era de titularidad municipal.

Telefónica también instaló una estación móvil con autorización verbal de responsables del consistorio. Las dos antenas funcionaron de forma ininterrumpida hasta 2018, cuando las empresas las retiraron sin que nadie se lo pidiera. El Ayuntamiento no ha percibido ningún ingreso económico. La Oficina Antifraude calcula que habría dejado de recibir unos 17.000 euros.

Además, las antenas se conectaron al suministro eléctrico de la comisaría de la Guardia Urbana sin coste. Un sindicato del cuerpo se quejó de la situación al concejal de Seguridad Ciudadana de ese momento, que ocultó la ilegalidad. El sindicato elevó la queja al alcalde, pero no consta que ni él ni el gerente hicieran nada.

El escrito apunta a que los años 2016 y 2018, Vodafone se reunió con los servicios jurídicos para tratar de legalizar la situación. El concejal de Urbanismo en época de Dolores Sabater, que tenía la competencia, tampoco hizo nada para solucionar la ilegalidad.