Petición de cuatro años y medio para el expresidente y el exconsejero del Banco de Valencia

Petición de cuatro años y medio para el expresidente y el exconsejero del Banco de Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cuatro años y medio de prisión para el expresidente de Banco de Valencia José Luis Olivas y el exconsejero delegado Domingo Parra por presunta falsedad contable entre 2009 y 2010.

Además de a Olivas y Parra, el ministerio público acusa a otras doce personas, entre ellos el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer, para el que solicita un año y medio de prisión como cooperador necesario.

Contabilidad para maquillar los malos resultados

Pese a las recomendaciones del Banco de España, la política expansiva marcada por el Consejo de Administración del banco e implementada por su consejero delegado, Domingo Parra, se mantuvo basándose en la aplicación de políticas de crédito caracterizadas por su «escasa prudencia y elevado riesgo».

Ante los malos resultados del ejercicio 2009 se optó por realizar una práctica contable dirigida a maquillar esos resultados y mantener una imagen de solvencia y rentabilidad de la entidad que no se correspondía con la realidad del estado de la misma.

Entre otras prácticas, la Fiscalía detectó que se autorizaron refinanciaciones a promotores inmobiliarios que de otra forma no podrían cumplir con el pago de sus cuotas, se asumió la práctica totalidad del riesgo de una serie de proyectos inmobiliarios a largo plazo en los que existían importantes dudas sobre su rentabilidad y se adjudicaron activos en pago de deudas no procediendo a la adecuada contabilización del valor de los mismos.

Asimismo, prosigue la Fiscalía, pese a que muchas de sus operaciones se encontraban defectuosamente documentadas, no se realizaron provisiones por dotaciones tal como pide la normativa, y se autorizaron operaciones en contra de los intereses de la propia entidad por parte de sus máximos responsables, en ocasiones, con la connivencia de directivos y empleados.

Parte de ellas han sido ya objeto de otros procedimientos penales por posibles delitos de administración desleal.

Todo ello se tradujo en la aprobación de unas cuentas anuales, las de los ejercicios 2009 y 2010, que no reflejaban la realidad.

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