Golpe policial a una red que falsificaba poderes notariales para estafar con inmuebles
Los Mossos d’Esquadra lograron desarticular una organización criminal especializada en estafas vinculadas al sector inmobiliario tras un amplio operativo desarrollado el 11 de noviembre. La intervención se saldó con una veintena de detenciones distribuidas por diferentes puntos de Catalunya y también en Sevilla.
La red, asentada en diversas localidades catalanas, acumulaba víctimas en todo el territorio español y actuaba mediante la falsificación de poderes notariales sobre viviendas que no les pertenecían. La División de Investigación Criminal de Girona asumió el mando del caso después de que, en mayo, un despacho notarial de Figueres denunciara haber sido víctima repetida de estas prácticas fraudulentas.
Método de actuación de la organización
Las pesquisas permitieron descubrir que los implicados obtenían datos personales de propietarios de inmuebles de alto valor y libres de cargas, información que solían recabar a través del Registro de la Propiedad. Con esa documentación, suplantaban la identidad de los titulares y emitían poderes notariales falsos a favor de un abogado del grupo.
Este abogado solicitaba créditos a inversores privados, generalmente por importes situados entre cien mil y trescientos mil euros, utilizando los inmuebles usurpados como garantía. Las cantidades nunca eran devueltas, lo que permitió a la red obtener alrededor de 1.200.000 euros.
Las ganancias se repartían entre los distintos miembros, que realizaban movimientos financieros diseñados para ocultar el origen ilícito del dinero. Durante la investigación se acreditaron trece poderes notariales fraudulentos y siete estafas consumadas.
Desarrollo del dispositivo y detenciones
La investigación situó a uno de los líderes entre Sevilla y Catalunya, vinculado con colaboradores ubicados en Rubí y Manresa. El operativo simultáneo del 11 de noviembre incluyó registros en Estepa, donde se localizaron los principales cabecillas, así como actuaciones en Sant Fruitós del Bages, Castellolí, Figueres y Salt.
El resultado fueron veintidós detenciones, con sospechosos de entre 30 y 40 años, la mayoría con antecedentes policiales. En los domicilios se intervinieron documentación falsificada, dispositivos electrónicos, una pistola detonadora modificada y pequeñas cantidades de droga.
Los arrestados quedaron imputados por estafa, falsificación de documento público, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal, pasando todos a disposición judicial el 13 de noviembre.
Perfil de las víctimas y consecuencias del fraude
Los principales perjudicados fueron los propietarios de los inmuebles utilizados como aval sin su consentimiento, que podían llegar a perder sus propiedades por valores muy inferiores a los reales.
También resultaron afectados los inversores privados que concedieron los créditos, así como asesores e intermediarios que, sin saberlo, pusieron en contacto a acreedores con los estafadores.
