Muere el dictador y ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, a los 86 años
Alberto Fujimori, expresidente del Perú, ha muerto este 11 de septiembre a los 86 años, en la residencia de su hija Keiko Fujimori en el distrito de Surco, en Lima, a causa del cáncer que sufría.
La confirmación de la muerte de Fujimori, apodado el chino, aunque su ascendencia era japonesa, ha suscitado reacciones divididas en Perú, donde el exmandatario es recordado por algunos como un líder que combatió el terrorismo y estabilizó la economía, mientras sus detractores lo consideran un dictador corrupto y responsable de violaciones a los derechos humanos y de una época en la que se instauró el terrorismo de estado en el país. La muerte de Fujimori representa, sin embargo, el cierre de un capítulo oscuro y polémico de la historia política reciente del país sudamericano.
Crímenes de lesa humanidad
Alberto Kenya Fujimori nació el 28 de julio de 1938 en Lima (Perú) y fue ingeniero agrónomo y rector universitario antes de dedicarse a la política. Fujimori gobernó Perú entre 1990 y en el 2000, y después de haber sido encarcelado por varios delitos, desde hacía 9 meses se encontraba en libertad por un indulto otorgado por el Tribunal Constitucional a finales del 2023.
Entre los delitos que se le imputaron está la matanza de Barrios Altos (1991), donde 15 personas, incluyendo a un niño de 8 años, fueron asesinadas por el Grupo Colina, un escuadrón paramilitar, y la matanza de La Cantuna (1992), en la que nueve estudiantes y un profesor universitario fueron secuestrados y asesinados por el mismo grupo paramilitar.
La corte de justicia determinó que Fujimori, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ejerció el control efectivo sobre estas instituciones y fue responsable de estas operaciones contra civiles sospechosos de colaborar con Sendero Luminoso.
Condenado por corrupción
Fujimori también tenía sobre sus espaldas sentencias por varios casos de corrupción, incluidos el uso indebido de fondos públicos, y fue condenado por utilizar 15 millones de dólares del tesoro público para pagar a su ex jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos. También se le condenó por sobornos, al pagar a congresistas de la oposición, y por espionaje ilegal al ordenar la intervención telefónica de periodistas críticos con su gestión.
Previamente, en 2007, Fujimori también recibió una condena de seis años por usurpación de funciones, al ordenar a un militar suplantar a un fiscal para entrar ilegalmente en la casa de la esposa de Montesinos.
Indultado dos veces
Desde hacía 9 meses se encontraba en libertad por un indulto otorgado por el Tribunal Constitucional a finales del 2023. Este era el segundo indulto que recibía Fujimori. A finales del 2017, quien ostentaba la presidencia en aquella época, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó un indulto humanitario a Fujimori por razones de salud cuando este tenía 79 años. Este indulto permitió que saliera de prisión, donde cumplía una de 25 años que recibió en 2009 por los delitos de lesa humanidad.
El año 2018, la Corte Suprema de Perú anuló el indulto otorgado por Kuczynski, pero en diciembre del 2023 el Tribunal Constitucional anuló la decisión de la Corte Suprema y restituyó el indulto original otorgado en 2017. Como resultado de esta decisión del Tribunal Constitucional, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte excarceló Fujimori en diciembre del 2023.
Huida y exilio a Japón
Fujimori huyó en Japón en noviembre del 2000, en medio de crecientes denuncias de corrupción generalizada y crímenes de lesa humanidad durante su gobierno. Su huida se produjo después de la difusión de los llamados vladivideos que revelaban actos de corrupción de su asesor Vladimiro Montesinos. Fujimori intentó renunciar a la presidencia por fax desde Japón, pero el Congreso peruano rechazó su renuncia y lo destituyó formalmente del cargo.
En Japón, Fujimori recibió protección del gobierno japonés, que le reconoció la nacionalidad japonesa para ser hijo de padres japoneses. El gobierno peruano solicitó su extradición, pero Japón nunca se pronunció oficialmente sobre esta solicitud. Se cree que eso fue porque la legislación japonesa prohíbe la extradición de sus ciudadanos en terceros países. Fujimori permaneció en el Japón hasta el 2005, cuando viajó sorprendentemente a Chile, donde fue detenido. Este exilio marcó el fin abrupto de su gobierno y el inicio de un largo proceso legal que culminaría con su extradición, juicio y condena en el Perú años después.
