Investigaciones sobre las Cloacas del Estado
Las cloacas del Estado han llegado a los tribunales, donde se investiga el uso de estos recursos para espiar y perjudicar a Podemos. Esta causa, que se tramita en la Audiencia Nacional bajo la dirección del juez Santiago Pedraz, se originó tras una querella presentada por la formación morada. La denuncia señalaba presuntas “investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial”. El juez admitió la querella, la Audiencia Nacional respaldó la investigación y esta semana comenzarán las declaraciones de los investigados.
Nombres clave en la investigación
Entre los principales implicados se encuentran Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz, y Eugenio Pino, exdirector Adjunto Operativo de la policía española. Ambos comparecerán este lunes y martes, respectivamente. También están citados Enrique García Castaño, excomisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, y José Ángel Fuentes Gago, exinspector jefe. Sin embargo, al aceptar la querella, Pedraz rechazó investigar a Fernández Díaz, al exdirector general de la policía Ignacio Cosidó, y a otros altos funcionarios.
¿Qué investiga el juez?
La querella de Podemos sostiene que bajo la dirección de Martínez se llevaron a cabo “investigaciones” que no tenían interés policial y que se realizaron sin control judicial. Según el texto, el objetivo era filtrar información a los medios de comunicación con el fin de desprestigiar al partido y afectar la indemnidad de sus diputados y cargos públicos. La querella menciona delitos como organización criminal, revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. No obstante, el juez desestimó las acusaciones de malversación y de delitos contra las instituciones del Estado.
Otras causas en marcha
Francisco Martínez y Eugenio Pino también están imputados en dos causas adicionales. Una de ellas es el caso Kitchen, que investiga un presunto espionaje contra Luis Bárcenas, el extesorero del PP, para robar documentación sobre altos cargos del partido. La otra causa se relaciona con una supuesta trama de extorsión para presionar al abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, para que no se hicieran públicas informaciones sobre la caja B del PP. Sin embargo, actualmente no hay investigaciones relacionadas con la operación Catalunya.
Comparecencias en el Congreso
Las declaraciones de Martínez y Pino en la Audiencia Nacional se producen dos semanas después de que ambos comparecieran en la comisión de investigación sobre la operación Catalunya en el Congreso de los Diputados. Martínez afirmó que “no existió una trama parapolicial” y rechazó los audios de Villarejo, asegurando que no se reconoce en ninguna grabación. Por su parte, Pino evitó dar detalles sobre la operación, defendiendo que “la policía patriótica es una policía que ama a su país”.
Cuestionamientos a Martínez
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interrogó directamente a Martínez sobre el espionaje en su partido. Le preguntó quién le había dado las órdenes y qué esperaba de ellos. Martínez se escudó en el proceso judicial abierto, negando las acusaciones y afirmando que defendería su postura en el ámbito judicial. Pino siguió una línea similar, reiterando que no iba a responder a preguntas durante la comparecencia.
Rechazo a investigar al Partido Popular
Podemos también solicitó investigar al Partido Popular, argumentando que las actuaciones de los querellados beneficiaban a esta formación. Sin embargo, Santiago Pedraz desestimó ampliar la causa al PP, afirmando que, “a falta de otros indicios”, no era suficiente decir que las actividades pretendían beneficiar a la formación política. Asimismo, rechazó investigar al periodista Eduardo Inda, argumentando que su labor estaba amparada por el secreto profesional.
La Operación Catalunya sin investigaciones
Lo que no investiga la justicia española es la operación Catalunya y las maniobras de la policía patriótica contra el independentismo. A pesar de nueva documentación, las querellas presentadas, como las de Sandro Rosell o Jaume Giró, han sido archivadas. En el caso de Rosell, quien pasó 21 meses en prisión preventiva, el tribunal argumentó que la investigación solicitada se basaba en noticias de prensa y no tenía valor probatorio.