La Audiencia Nacional abre juicio oral contra Jordi Pujol y sus siete hijos
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, contra sus 7 hijos y también contra otras 11 personas.
Los delitos por los que les acusa son asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, además de 7 delitos contra la Hacienda Pública y otro de frustración de la ejecución.
El auto del juez Pedraz da 10 días al hijo Jordi Pujol Ferrusola, para depositar una fianza de 7,5 millones de euros, y a su ex mujer, Mercè Gironès, de 400.000 euros, para cubrir las posibles responsabilidades civiles que puedan derivarse de los delitos que se les imputan.
Junto a los Pujol, en el banquillo también se sentarán los empresarios Luis Delso, Carles Sumarroca y Carles Vilarrubí.
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En el procedimiento, se ha investigado a varios empresarios que presuntamente hicieron pagos millonarios a la familia Pujol-Ferrusola, que habrían disimulado con estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales.
En este auto, el juez ratifica la situación de libertad de los acusados y explica que «no existe la necesidad de asegurar su presencia en las sesiones del juicio oral» con una situación distinta a la que han mantenido durante el proceso. Es decir, dejar constancia del domicilio en España y la obligación de comparecer a las llamadas judiciales que sean necesarias.
Pedraz concede un plazo de un mes a los acusados que presenten los escritos de defensa. En la resolución, el juez incluye los escritos de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación representada por Grand Tibidabo S.A., en los que se indican los delitos y las penas de prisión solicitadas.
La instrucción la cerró hace casi un año el juez José de la Mata, que consideró que la familia Pujol había actuado como una «organización criminal» durante décadas, aprovechando una posición privilegiada en la vida política, social y económica catalana.
En su escrito, De la Mata aseguró que los Pujol «acumulan un patrimonio desmedido » que sería fruto de «percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».
La forma de actuar de la familia reunía, a su entender, todos los requisitos de una organización criminal: con varios niveles jerárquicos, una estructura planificada y permanente en el tiempo, desde que se abrieron las primeras cuentas corrientes en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró las últimas fundaciones en 2014.
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