Foro Social envía un informe sobre los presos vascos al Gobierno y a los tribunales
El Observatorio del Foro Social ha presentado un cuarto informe monográfico en el que denuncia a la primera sala de lo penal de la Audiencia Nacional, al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y a la Fiscalía por «obstruir» la «integración social» de los presos.
De hecho, el foro denuncia que los tribunales estén revocando la redención legal, los permisos de salida y tercer grado debidos a los presos, y los documentó en el informe.
Según una nota de prensa, Foro Social ha enviado un informe a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior de España, Pilar Llop, ministra de Justicia, Dolores Delgado, procuradora general, Concepción Espejel, presidenta de la Sala Primera del Juzgado Central de Instrucción y a José Luis Carceles, magistrado del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.
El informe también ha sido enviado a la dirección y abogados de todos los centros penitenciarios vascos, y ha sido compartido con los actores institucionales, políticos, sindicales y sociales que trabajan con Foro Social, así como con al Colectivo de Presos Políticos Vascos EPPK.
El foro tiene intención de reunirse con el Parlamento Vasco y el Parlamento de Navarra a partir de septiembre. Bakartxo Tejeria, presidente del Parlamento, y Unai Uhalde, diputado por Navarra, propondrán una reunión. El objetivo de estos encuentros será exigir «protección e intervención» en el ámbito de los presos.
Según el foro, el documento presentado también será enviado a las Comisiones de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, la Comisión de Relaciones con la Ciudadanía del Parlamento de Navarra y las Comisiones de Justicia del Congreso y Senado.
Contra el «lobby»
Como se indica en el informe, el Foro Social reafirmó que existe “un lobby contra el cambio en la política penitenciaria”. El Juzgado Central de Prisiones, el Ministerio Público y la Primera Sala Penal de la Audiencia Nacional suponen un claro riesgo de bloqueo en procesos que deben ser leves. De hecho, estos procesos están en línea con los parámetros establecidos por las regulaciones y leyes penitenciarias y, por lo tanto, deben ser fluidos».
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