Facua denuncia a la Agencia Negociadora del Alquiler por cobrar un mes de renta por «servicios»
Facua ha denunciado a la Agencia Negociadora del Alquiler ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid por obligar a los arrendatarios a abonar un mes de renta, más IVA, por prestarles diferentes «servicios de administración del alquiler», pese a que estos no los hayan solicitado.
La asociación ha solicitado que se investiguen los hechos y se incoe un expediente sancionador», así como que inste a la Agencia Negociadora del Alquiler a que «informe de esta irregularidad a los usuarios que se hayan podido ver afectados y les restituya cualquier cantidad que haya cobrado indebidamente por este concepto».
Según ha podido comprobar Facua en diferentes anuncios de viviendas en alquiler, la agencia, radicada en Madrid y con inmuebles por varios municipios de la Comunidad, recoge que presta a los inquilinos «servicios de administración del alquiler durante toda la duración de los arrendamientos», con el objetivo de solucionar «cualquier tipo de incidencias que puedan surgir».
Entre estas, se incluye «tramitar los depósitos de las fianzas, ofrecer una limpieza a la finalización de los arrendamientos o gestionar con las compañías suministradoras el cambio de titularidad de los suministros y su posterior baja».
Sin embargo, estas gestiones corresponde realizarlas al arrendatario o pueden hacerse sin la intermediación de la empresa inmobiliaria.
Sin embargo, la Agencia Negociadora del Alquiler indica en sus condiciones que estos servicios «se deben contratar de forma obligatoria para poder arrendar la vivienda y que su coste es del importe equivalente a una mensualidad de renta, más el 21% de IVA, que se abonará por anticipado el día de la firma del contrato».
En este sentido, Facua señala que la inmobiliaria «impone unos servicios accesorios al inquilino para seguir imputándole los honorarios que cobraría por la formalización del contrato».
Un importe que la ley de vivienda aprobada el pasado mes de mayo estableció que debía corresponder al arrendador, ya que es con quien la agencia mantiene una relación contractual. Así, el artículo 20 de esta ley recoge ahora que «los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador».
Pero Facua acusa a la Agencia Negociadora del Alquiler, de «inventar este servicio de administración del alquiler para intentar sortear esta prohibición, que, además, impone a los posibles inquilinos».
Además, la asociación apunta que, más allá del intento de eludir la normativa, la inclusión de una cláusula que obliga a los arrendatarios a contratar servicios accesorios resulta a todas luces abusiva, ya que le impone la contratación de una serie de prestaciones no solicitadas por ellos para acceder al objeto principal del contrato, que sería el arrendamiento de la vivienda.
La Ley de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid señala como infracción «la realización de transacciones en las que se imponga injustificadamente al consumidor condiciones, recargos o cobros indebidos, prestaciones accesorias no solicitadas o cantidades mínimas», además de «la inclusión de cláusulas abusivas en las condiciones generales de los contratos y las ofertas publicitarias, así como la realización de prácticas no consentidas expresamente por los consumidores que, según la legislación aplicable, resulten abusivas y lesionen sus derechos\», entre otras.
