Expedientan a los guardias civiles dispuestos a «derramar sangre» contra la amnistía y podrían ser expulsados
El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha ordenado este lunes abrir un expediente por falta muy grave, que puede comportar la expulsión del cuerpo, a los tres miembros de la Guardia Civil, en relación con diferentes manifestaciones hechas en los últimos días en relación con el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts y la futura ley de amnistía.
Dos de estos agentes, un sargento primero y un guardia civil, son miembros de la dirección de Aprogc, la asociación que emitió un comunicado el viernes pasado en el cual prometían «derramar» su sangre para evitar el acuerdo entre Junts y el PSOE para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez y que, según ellos, atenta contra la Constitución y el estado de derecho.
El tercer agente expedientado con falta muy grave integra la dirección de Jucil, la asociación mayoritaria que acusó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de cometer «una gran traición» al defender el acuerdo con Junts ante el Comité Federal de su partido.
La orden del director general de la Guardia Civil contra los tres agentes incluye la medida cautelar que sean apartados del servicio inmediatamente y por el plazo de tres meses mientras se resuelve el expediente.
El polémico comunicado donde se defiende «derramar sangre»
La Asociación Aprogc, una de las organizaciones más representativas de este cuerpo policial, emitió el pasado viernes un contundente comunicado en el cual muestra sin ningún tipo de duda su rechazo más feroz al acuerdo.
Una de las frases del texto evidencia en qué abren la puerta, si hace falta: «Estamos dispuestos a rebosar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional».
Para el Aprogc, la principal preocupación es una medida de gracia que, según dicen, podría difuminar la separación de poderes. «Aquellos que tenemos los instrumentos para ejercer el monopolio de la fuerza entendemos que solo la administración de Justicia tiene legitimidad constitucional y capacidad material para velar en este momento para que los principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en el artículo 9 de la Constitución no se conviertan en papel mojado», afirman.
Añaden, también, que están observando «esperanzados» el compromiso y la tenacidad del Poder Judicial «para mantener su independencia», y esperan que «encuentre el camino para preservar el estado de derecho».
«En su tarea encontrarán nuestro firme e indudable compromiso con el fin de garantizar la igualdad ante la ley y su aplicación, especialmente delante de aquellos que sistemática y arbitrariamente demuestran vocación de situarse por encima de todos y la ley», dicen, en un reproche directo contra los líderes independentistas.
