Exjueces y exfiscales denuncian a Juan Carlos I por delitos fiscales
Un grupo de exjueces del Tribunal Supremo, como Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín, junto con exfiscales anticorrupción como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, han presentado una querella criminal contra Juan Carlos I. Acusan al rey emérito de haber cometido cinco delitos fiscales.
La base de la denuncia radica en que la regularización tributaria realizada por Juan Carlos I fue presuntamente ilegal. Cabe recordar que la Fiscalía del Supremo archivó previamente el caso tras considerar que las regularizaciones, por un total de más de 5 millones de euros realizadas en diciembre de 2020 y febrero de 2021, se efectuaron antes de que el rey tuviera conocimiento formal de una investigación en su contra.
Ingresos no declarados y pagos irregulares
Los hechos denunciados se centran en los multimillonarios ingresos del rey emérito, canalizados a través de la fundación Zagatka, dirigida por su primo Álvaro de Orleans. Esta fundación habría pagado más de 8 millones de euros por servicios privados de Juan Carlos I y otros beneficiarios. En 2021, el emérito presentó autoliquidaciones por los ejercicios fiscales de 2014 a 2018 para evitar sanciones, sin embargo, los denunciantes argumentan que la regularización no es válida si el contribuyente ya tenía conocimiento de la investigación fiscal en curso.
Delitos y penas
La querella establece que los actos de Juan Carlos I constituyen cinco delitos contra la Hacienda Pública, conforme al artículo 305 bis del Código Penal, con penas que oscilan entre dos y seis años de prisión, además de una multa que podría ascender al doble de la cantidad defraudada. Se destaca que la defraudación superó los 600.000 euros y que se emplearon estructuras interpuestas para ocultar las operaciones.
Peticiones procesales
El documento presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo solicita que:
- Juan Carlos I sea citado en Abu Dhabi, donde reside actualmente, para declarar como imputado.
- Se llame a declarar a testigos clave, como Álvaro de Orleans, gestor de la fundación Zagatka, Javier Sánchez-Junco, abogado del emérito, y los financieros suizos Arturo Fasana y Dante Canónica.
- También se cite al empresario Allen Jesús Sanginés-Krause, señalado como presunto financiador de gastos del rey y su familia.
Solicitud de penalización
Los querellantes proponen que, en caso de una condena, se tenga en cuenta la edad avanzada de Juan Carlos I para fijar una pena privativa de libertad en su mínima expresión. Sin embargo, solicitan que la multa económica alcance el máximo estipulado por la ley como sanción ejemplar.
