Entra en vigor la nueva ley contra la obsolescencia programada
Los productos que se compren a partir de este 1 de enero tendrán una garantía legal de tres años en vez de los dos que se daban hasta ahora. Esto se aplica a los electrodomésticos, productos tecnológicos, coches y juguetes.
Hay un año más de margen para devolver un artículo defectuoso, repararlo sin coste o cambiarlo por uno nuevo en caso de que no pueda repararse.
Esta ampliación de la garantía obligatoria, que ahora entra en vigor, viene de la ley de defensa de los consumidores aprobada por el Consejo de Ministros el 27 de abril.
Como se recoge en el BOE, en el artículo 120, la norma no habla sólo de objetos, sino también de servicios digitales, que tendrán dos años de garantía:
«El empresario será responsable de las faltas de conformidad que existan en el momento de la entrega o del suministro y se manifiesten en un plazo de tres años desde la entrega en el caso de bienes o de dos años en el caso de contenidos o servicios digitales».
Se establece que serán considerados contenidos digitales los programas informáticos, las aplicaciones, los archivos de vídeo y audio, la música, los videojuegos y los libros electrónicos.
Serán considerados como servicios digitales, por ejemplo, los programas de intercambio y alojamiento de archivos digitales, los tratamientos de textos, los juegos online, los servicios de mensajería instantánea y las redes sociales.
Diez años de repuestos
Otro aspecto destacado de esta ley es que obliga a los fabricantes a asegurar que durante diez años se podrán encontrar piezas de repuesto una vez se deje de fabricar un producto. Es el doble de lo que había establecido hasta ahora.
Asociaciones de consumidores como Facua o la OCU han valorado las mejoras, pero algunos fabricantes han alertado de que comportará más costes que acabarán repercutiendo en el comprador.
Y es que la nueva regulación, además de proteger más a los consumidores y usuarios, también quiere promover un consumo más sostenible apostando por la llamada economía circular y una durabilidad mayor de los bienes de consumo que pasa por combatir la obsolescencia programada.
La legislación española también está en línea con la directiva europea aprobada en 2019 para regular el comercio electrónico y los contratos de compraventa de bienes para proteger a los consumidores y reforzar su seguridad jurídica.
Entra en vigor la nueva ley contra la obsolescencia programada
