Calvet: El TC obliga a Catalunya a dar un paso atrás en la lucha contra la emergencia habitacional
El conseller de Territori y Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, ha valorado el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC), que estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados del PP contra el Decreto ley 17/2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.
Según Calvet, el TC «obliga a Catalunya a dar un paso atrás en la lucha contra la emergencia habitacional, destruyendo parte del escudo social que se ha ido construyendo desde el Govern y desde el Parlament a favor del derecho de acceso y mantenimiento de la vivienda».
La anulación de varios artículos del Decreto ley catalán se debe, según Calvet, a que «el Estado no ha asumido que la Generalitat tiene competencias exclusivas en materia de vivienda, según la Constitución y el Estatuto de Autonomía», y el pronunciamiento «rezuma un profundo desprecio patológico sobre la capacidad de autogobierno de nuestro país».
La consecuencia más directa de esta anulación, ha querido enfatizar, es que «deja en una gran incertidumbre a entre 3.000 y 4.000 familias que en estos momentos están pendientes de un desahucio» y que esperaban el ofrecimiento de un alquiler social por parte del gran tenedor propietario de su piso.
Calvet ha insistido en que «los tribunales deben ponderar las consecuencias sociales de sus decisiones, especialmente en un contexto de pandemia y de crisis económica».
Aunque el tribunal todavía tiene que hacer pública la sentencia, el adelanto dado a conocer fundamenta la anulación parcial del texto en la argumentación que la figura jurídica del Decreto ley no era la adecuada, y que la regulación había de haberse llevado a cabo mediante una ley.
El titular de TES ha denunciado que el TC «ataca el contenido de la norma con la excusa de la forma» y ha denunciado que «la fórmula del Decreto ley está justificada por el contexto de emergencia social; se necesitan respuestas urgentes a situaciones urgentes».
Además, ha recordado:
«Los decretos ley los aprueba el Govern pero los convalida el Parlament, en este caso, con el apoyo mayoritario de la cámara. Por lo tanto, ofrecen todas las garantías democráticas».
«El TC ataca no sólo las competencias del Gobierno sino también la soberanía del Parlamento de Catalunya».
Corresponsabilidad de los grandes tenedores
Calvet ha explicado que el Decreto ley quería impulsar «la corresponsabilidad de los grandes tenedores en financiar un alquiler social obligatorio para las familias con vulnerabilidad acreditada», y detalló la repercusión de los artículos anulados:
«Desaparece la cuantificación de las multas coercitivas que se podían imponer en el caso de las viviendas vacías, de 1.000 euros mensuales, con un máximo del 50% del precio de la vivienda. Era un elemento de regulación del parque vacío que no cumple su función social, obligando a los grandes tenedores a movilizarlo».
Tumba el refuerzo del alquiler social obligatorio para reducir los casos de riesgo de exclusión residencial, explicó el consejero. Así, se anula:
- La ampliación a 7 años del alquiler social obligatorio, tal y como recoge la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), volviendo a los 3 años que se preveían anteriormente. «Ataca la capacidad de las familias de disponer de unos años para alcanzar determinada situación económica», ha denunciado Calvet.
- La obligación de ofrecer un alquiler social cuando se extingue un contrato, en caso de vulnerabilidad de la familia, y la obligación de prorrogar este alquiler social un segundo golpe si la vulnerabilidad se mantiene.
- La obligación de ofrecer un alquiler social en determinados casos de ocupaciones de pisos sin título habilitante cuando las familias cumplieran ciertos requisitos, «muy acotados por el Decreto ley», ha recordado el conseller.
En consecuencia, el alquiler social obligatorio quedará reducido al que contemplaba la Ley 24/2015: una duración de 3 años y sólo en casos de desahucios por impago de la renta de alquiler. «El TC quiere destruir el escudo que habíamos construido para ampliar el concepto de alquiler social obligatorio», lamentó el titular de TES.
La capacidad de expropiar el dominio de las viviendas vacías; sólo se podrá expropiar su uso temporal. «Era una manera de incrementar la presión sobre los grandes tenedores para viviendas que no estaban cumpliendo su función social», recordó Calvet.
La equiparación como vivienda vacía de aquellas estructuras de edificios inacabados con menos del 80% de las obras terminadas, que con el Decreto ley se podían expropiar.
La posibilidad de que las familias a punto de ser desahuciadas de una vivienda de un gran tenedor se pudieran realojar, en última instancia, en un piso de ese mismo tenedor. Una posibilidad, ha recordado el consejero, «pensada para resolver casos de riesgo de exclusión residencial grave».
Impacto real en las mesas de emergencia
Dado que el TC «anula la base que regulaba el alquiler social obligatorio», la » inseguridad jurídica» que esto conlleva puede repercutir, advirtió Calvet, en las familias, entre 3.000 y 4.000, pendientes de desahucio que esperaban el ofrecimiento de un posible alquiler social.
«Habrá que ver caso por caso», ha asegurado, pero «la decisión del tribunal puede hacer que muchos casos pendientes de alquiler social obligatorio pasen a ser casos que tengan que resolver las mesas de emergencia».
Estas mesas ya tienen, a estas alturas, 1.900 familias con informe favorable pendientes de alojar. La «irracionalidad» de la decisión del tribunal, ha denunciado el consejero de TES, «es enorme en un contexto de pandemia y de crisis social y económica que hace prever que las situaciones de vulnerabilidad residencial crecerán».
Ante esta situación, «el Govern continuará siguiendo el mandato del Parlament y de la gente de Catalunya para garantizar el derecho de acceso y mantenimiento de la vivienda y el recorte del Decreto ley 17/2019 tendrá una respuesta encaminada a garantizar el escudo social que se había construido.
El conseller Calvet se ha mostrado convencido de que el Gobierno actual, con otro calendario político, o las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno actual, seguro que impulsará una proposición de ley en el Parlamento para recuperar el escudo social.
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