El PP, en el centro de los pagos públicos a un medio digital vinculado a Bertrand Ndongo
El Partido Popular se sitúa como el principal responsable político de una serie de pagos realizados con dinero público a un medio digital privado que sirve de plataforma habitual al activista Bertrand Ndongo. Las transferencias económicas se han producido desde distintas administraciones gobernadas por el PP a lo largo de varios ejercicios presupuestarios.
Contratos impulsados desde administraciones del PP
Los ingresos del medio proceden de contratos de publicidad institucional y adjudicaciones menores autorizados por gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos controlados por el Partido Popular.
En conjunto, las cantidades abonadas alcanzan varios cientos de miles de euros, repartidos entre diferentes organismos públicos.
Adjudicaciones sin concurrencia pública
Una parte significativa de estos pagos se formalizó mediante contratos menores, un mecanismo legal que permite adjudicar importes reducidos sin concurso público. Este procedimiento, reiterado en el tiempo, ha permitido canalizar fondos hacia el mismo medio desde distintas administraciones del PP sin procesos competitivos abiertos.
Dudas sobre los criterios utilizados
El medio beneficiado no figura entre los digitales con mayor audiencia acreditada, lo que ha despertado críticas sobre los criterios empleados por los gobiernos del PP para distribuir la publicidad institucional. Otros medios con mayor alcance no habrían recibido una financiación equivalente.
Vinculación con un activista político
Además de su actividad informativa, el portal financiado con fondos públicos ha servido como escaparate recurrente para contenidos y apariciones del activista Bertrand Ndongo, una figura muy presente en la confrontación política y mediática. Esta relación ha intensificado las críticas sobre el uso partidista de recursos públicos.
Críticas por el uso del dinero público
Desde la oposición y distintos colectivos profesionales se acusa al Partido Popular de utilizar fondos públicos para favorecer a medios ideológicamente afines. Las críticas señalan que esta práctica desvirtúa el objetivo de la publicidad institucional y erosiona la neutralidad que debería regir el gasto público.
Debate abierto sobre transparencia
El PP defiende que las adjudicaciones se ajustan a la legalidad vigente, pero el caso ha reabierto el debate sobre la falta de transparencia y control en el reparto de la publicidad institucional. La polémica continúa abierta y podría derivar en iniciativas parlamentarias o peticiones de fiscalización más estrictas.
