La Iglesia acuerda indemnizar a las víctimas de abusos con tutela del defensor del pueblo
La Iglesia católica ha aceptado compensar económicamente a las víctimas de pederastia en aquellos casos en los que ya no es posible acudir a la vía judicial, ya sea por prescripción de los delitos o por el fallecimiento del agresor. El compromiso se materializa tras un acuerdo alcanzado con el Gobierno español, que establece la supervisión del defensor del pueblo como garante del proceso.
Las indemnizaciones serán abonadas por la propia Iglesia y estarán exentas de tributación en el IRPF, según han confirmado ambas partes tras cerrar el pacto.
Un sistema compartido entre el Estado y la Iglesia
El acuerdo da lugar a un modelo mixto de reparación, en el que participan el Estado, la Iglesia y las propias víctimas, con la mediación del defensor del pueblo como figura central. El objetivo es reconocer el daño causado y ofrecer una respuesta reparadora a quienes no pudieron obtener justicia en los tribunales.
El entendimiento ha sido firmado este jueves en Madrid por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Jesús Díaz Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego.
Bolaños ha reconocido que el acuerdo “llega quizá tarde”, pero ha subrayado que supone un avance decisivo para víctimas que hasta ahora no habían recibido ningún tipo de reparación. En palabras del ministro, el nuevo sistema permite “saldar una deuda histórica” y pasar de años de silencio a una respuesta justa.
El defensor del pueblo, pieza clave del mecanismo
El procedimiento se iniciará a través de una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, que trasladará cada caso al defensor del pueblo. Será este organismo quien formule una propuesta de resolución, que podrá incluir medidas de reparación simbólica, restaurativa, espiritual o económica, en función de lo solicitado por la víctima.
La propuesta será analizada por una comisión asesora de la Iglesia, encargada de emitir un informe. Si existe acuerdo entre las partes, la resolución se considerará definitiva. En caso de desacuerdo, se activará una comisión mixta con presencia de asociaciones de víctimas, con el objetivo de alcanzar un consenso. Si la discrepancia persiste, la decisión final corresponderá al defensor del pueblo.
Un compromiso más amplio con todas las víctimas
La Conferencia Episcopal ha valorado positivamente el acuerdo y ha destacado que, como resultado del mismo, el Gobierno se compromete a reparar a todas las víctimas de abusos sexuales, tanto dentro como fuera del ámbito eclesiástico, una reivindicación histórica de los obispos españoles.
Un conflicto arrastrado durante años
El pacto llega tras un largo proceso de desencuentros. En el verano de 2024, la Iglesia aprobó un plan propio de reparación siguiendo recomendaciones del defensor del pueblo y comenzó a abonar las primeras indemnizaciones. Sin embargo, la iniciativa fue duramente criticada por el Gobierno, que la consideró unilateral, y por numerosas víctimas, que la tacharon de opaca e insuficiente, lo que llevó a muchas a no acogerse al sistema.
El debate se intensificó tras el informe del defensor del pueblo presentado a finales de 2023, que estimó en más de 440.000 las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, una cifra que la Conferencia Episcopal rechazó frontalmente. Los obispos llegaron a desautorizar un estudio encargado por ellos mismos que situaba el número de víctimas en torno a las 2.000 personas.
En abril de 2024, el Gobierno aprobó un plan estatal de indemnización y un acto público de reparación, pero la Iglesia se negó a participar si no se extendía a todas las víctimas de abusos sexuales, independientemente del ámbito en el que se hubieran producido. El acuerdo firmado ahora pone fin a ese pulso institucional y abre una nueva etapa en el reconocimiento y reparación del daño causado.
