La Guardia Civil pone en duda los servicios que una empresa del novio de Ayuso cobró a Quirón
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha cuestionado la capacidad operativa de una de las empresas vinculadas a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según un informe incorporado a la investigación judicial, la sociedad no habría contado con los recursos humanos ni materiales necesarios para desarrollar los servicios que posteriormente facturó al grupo sanitario Quirón.
Una estructura empresarial bajo sospecha
Los investigadores consideran que la mercantil Masterman SL carecía de la infraestructura adecuada para prestar los servicios de consultoría que reflejaban las facturas emitidas a Quirón Prevención. La UCO sostiene que la actividad declarada por la empresa no se corresponde con la estructura necesaria para ejecutar los trabajos contratados.
Estas conclusiones forman parte de una investigación más amplia en la que se analiza la posible existencia de irregularidades en determinadas relaciones comerciales entre empresas vinculadas a González Amador y el grupo sanitario.
Facturación millonaria en el punto de mira
La Agencia Tributaria ha informado al juzgado de que las sociedades relacionadas con González Amador habrían facturado aproximadamente 4,4 millones de euros entre los años 2021 y 2023 al grupo Quirón. Tanto Hacienda como la Guardia Civil estudian ahora si todos los servicios facturados fueron realmente prestados y si existía una justificación económica suficiente para dichas operaciones.
La atención de los investigadores se centra especialmente en la actividad desarrollada por Masterman SL y en la capacidad real de la empresa para ejecutar los trabajos por los que percibió importantes cantidades económicas.
Análisis de cuentas y movimientos financieros
Dentro de las diligencias abiertas, la UCO ha solicitado información detallada sobre diversas cuentas bancarias relacionadas con los investigados. El objetivo es reconstruir el recorrido del dinero, examinar posibles incrementos patrimoniales y determinar si existen conexiones entre distintas operaciones económicas.
Los agentes también están revisando una operación realizada durante la pandemia, en la que González Amador habría obtenido una comisión cercana a los dos millones de euros por su intermediación en la compraventa de material sanitario. Los investigadores tratan de aclarar el destino de esos fondos y su posible relación con otras actividades empresariales posteriores.
La investigación continúa abierta
La causa judicial sigue avanzando y se encuentra actualmente en una fase centrada en el análisis de documentación financiera, contable y bancaria. Los informes elaborados por la UCO y la Agencia Tributaria serán clave para determinar si las operaciones investigadas respondían a servicios efectivamente prestados o si existieron irregularidades en la facturación.
Por el momento, el procedimiento continúa abierto y pendiente de nuevas diligencias que permitan esclarecer todos los extremos de la investigación.
