Sánchez convoca una nueva cumbre sin abordar la financiación
La decisión de Pedro Sánchez de convocar una segunda conferencia de presidentes sin incluir el debate sobre la financiación autonómica ha generado un nuevo malestar entre los gobiernos regionales. El actual sistema lleva más de diez años caducado, y su urgente revisión se ha convertido en una prioridad para los ejecutivos autonómicos, especialmente por el aumento del gasto en sanidad.
Rechazo a negociaciones particulares con Catalunya
Los dirigentes regionales no solo se oponen a una financiación especial para Catalunya, sino que también critican que se mantengan negociaciones bilaterales que, según ellos, deberían formar parte de la reforma integral del sistema que todas las autonomías demandan.
Esta postura se hizo evidente en Santiago de Compostela, durante el encuentro de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica (RIFDE), donde se recogieron declaraciones de los responsables de Hacienda de Galicia (PP), Comunidad Valenciana (PP) y Castilla-La Mancha (PSOE).
Acusaciones al Gobierno por inacción
El consejero gallego, Miguel Corgos, señaló que el Gobierno central ha eludido su responsabilidad:
«Si se hubiera trabajado en un modelo que incluyera las demandas de Catalunya sin alterar la equidad ni la capacidad fiscal, se habría podido avanzar en una propuesta general», declaró.
La consellera valenciana denuncia un bloqueo político
Más crítica fue la consellera valenciana, Ruth Merino, quien calificó la situación de “elefante en la habitación” y acusó al Gobierno de estar paralizado por su relación con el independentismo catalán.
Merino considera que la equidad y la solidaridad deben ser el centro del debate:
«Lo que plantea el independentismo rompe con estos principios fundamentales», advirtió en una entrevista en TV3.
El socialista Ruiz Molina también reclama equidad
Desde Castilla-La Mancha, el socialista Juan Alfonso Ruiz Molina expresó su incomodidad por criticar a una ministra de su mismo partido, pero subrayó que «Castilla-La Mancha no puede seguir con una financiación inferior a la media».
Por ello, propone establecer un fondo transitorio hasta que se acuerde un nuevo sistema.
Rechazo al principio de ordinalidad
Las comunidades también han expresado su rechazo al principio de ordinalidad, ampliamente respaldado en Catalunya. Este establece que una comunidad que más aporta al sistema también debería situarse entre las primeras en recibir fondos.
Ruiz Molina se opone rotundamente, argumentando que «los mayores ingresos en ciertas regiones se deben a una mayor concentración de rentas, pero estos recursos pertenecen al conjunto del país».
Igualdad en la prestación de servicios
Ruth Merino aboga por eliminar desigualdades injustificadas y garantizar que «todos los ciudadanos tengan acceso a servicios públicos de calidad». Una visión compartida por Corgos, que insiste en que «todas las comunidades deben financiarse por igual», aunque admite que en las negociaciones políticas puede haber matices.
Temores por una financiación singular
Las autonomías temen que una financiación especial para Catalunya pueda disminuir los recursos solidarios que actualmente reciben. Aunque los promotores de esta fórmula insisten en que se mantendrá la solidaridad, no se ha publicado un cálculo oficial que lo respalde.
Ruth Merino alertó que sería una falsedad afirmar que no habrá impacto en la redistribución de recursos. Por su parte, Ruiz Molina calificó el pacto con Catalunya de «egoísta».
Rechazo a una agencia tributaria propia en Catalunya
Tanto Galicia como Valencia y Castilla-La Mancha rechazan que Catalunya recaude sus propios impuestos de forma independiente, aunque sí ven con buenos ojos la creación de consorcios tributarios regionales.
Corgos defiende esta fórmula:
«Una agencia consorciada con participación autonómica sería más eficiente que dividir la actual en 17 fragmentos», subrayó.
La condonación de la deuda no es suficiente
La condonación de la deuda, actualmente en consulta pública, no es vista como una solución estructural. Así lo consideran Merino y Corgos, que afirman que esta medida no facilitará que las comunidades se financien por sí mismas.
Ruiz Molina sí la respalda, aunque lamenta que no se aplicara ya en 2017. Aun así, los tres coinciden en que el verdadero problema sigue siendo la falta de reforma del sistema de financiación.
A la espera de una propuesta clara del Gobierno
A diferencia de lo que sostiene la ministra María Jesús Montero, los consejeros creen que existe margen para alcanzar acuerdos, pero falta una propuesta clara del Gobierno central.
Hasta ahora solo se ha debatido sobre el concepto de población ajustada, y cada comunidad ha defendido los criterios que más le favorecen, como la dispersión o el envejecimiento demográfico.
«Sin un modelo global con cifras claras y un esquema de distribución, es muy difícil lograr consensos», advierte Corgos.
Merino cree que la mayoría está dispuesta a ceder, y Ruiz Molina se muestra escéptico sobre la voluntad del Gobierno central:
«Si no ha incluido este asunto en la Conferencia de Presidentes, es porque no lo considera una prioridad inmediata».
