El juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez y adopta medidas cautelares
El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el marco de la causa que investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida. La resolución implica también la aplicación de medidas cautelares de especial relevancia.
Entre ellas se incluye la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. Estas restricciones buscan evitar un posible riesgo de fuga, según la valoración del instructor.
La decisión judicial responde a la petición de las acusaciones populares, que han insistido en la existencia de un riesgo de fuga elevado ante la gravedad de las posibles penas solicitadas.
El juez considera que la posición institucional de la investigada no garantiza su permanencia en España y ha impuesto un control más estricto de su situación procesal. Además, se ha establecido la obligación de acudir al juzgado de forma regular como mecanismo de supervisión.
Acusaciones, defensa y postura de la Fiscalía
En la causa también figuran la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, todos ellos investigados por distintos hechos relacionados con la misma instrucción.
Las acusaciones populares solicitan penas que pueden alcanzar hasta 24 años de prisión para Begoña Gómez, mientras que la defensa sostiene que no existen elementos suficientes para sostener la existencia de delito y reclama el archivo del procedimiento.
Por su parte, la Fiscalía ha mantenido una posición contraria a la apertura de juicio oral, defendiendo que los indicios no justifican llevar el caso a la fase de enjuiciamiento.
Un procedimiento aún pendiente de recursos
La apertura de juicio oral no implica una sentencia, sino el paso formal hacia la fase de enjuiciamiento, que todavía puede verse afectada por recursos ante instancias superiores.
La decisión ha generado un fuerte impacto político y jurídico, al tratarse de un caso que continúa en fase de controversia tanto por la interpretación de los indicios como por la proporcionalidad de las medidas adoptadas.
