Consumo anuncia una auditoría pública a las asociaciones de consumidores tras la denuncia de FACUA
FACUA-Consumidores en Acción había reclamado al ministro Pablo Bustinduy que se verifiquen los datos declarados por las organizaciones, como el número de socios, consultas y reclamaciones, así como posibles actividades irregulares relacionadas con la publicidad comercial de empresas a cambio de comisiones.
El Ministerio de Consumo abre una auditoría inédita
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este viernes la realización de una “auditoría pública” sobre la información aportada por las asociaciones de consumidores al solicitar subvenciones públicas.
La medida llega después de la denuncia presentada por FACUA, que exige comprobar la veracidad de los datos declarados por las organizaciones y su posible implicación en actividades contrarias a la ley.
Subvenciones de 2025: fuertes diferencias entre asociaciones
El ministerio ha otorgado las ayudas de 2025 en régimen de concurrencia competitiva, pero sin atender las peticiones de verificación de FACUA.
Como consecuencia, la asociación ha sufrido un recorte del 29% en su financiación, mientras otras entidades han recibido incrementos notables.
Una de las más beneficiadas ha sido la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), que declara 13.000 socios y haber tramitado 123.000 consultas en 2024 con un solo empleado.
Recibirá 293.754 euros en ayudas, más de seis veces su gasto de personal anual.
También la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) verá aumentado su presupuesto en un 15%, pese a que sigue pendiente de una investigación por presunto cobro de comisiones a empresas, abierta tras denuncias de FACUA.
FACUA exige controles reales y transparencia
FACUA viene denunciando desde hace años la falta de control en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Reacu), que no verifica los datos declarados por las organizaciones.
A pesar de que el número de socios es determinante para acceder al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) —requisito mínimo: 10.000 socios—, el ministerio se limita a aceptar certificados sin comprobación real.
FACUA ya había solicitado esta auditoría en 2020 al exministro Alberto Garzón, sin obtener respuesta.
Lo que pide FACUA al Ministerio de Consumo
La asociación exige que la auditoría abarque los ejercicios 2023, 2024 y 2025, incluyendo:
La verificación del número real de socios mediante listados completos.
El control de las cifras de consultas y reclamaciones tramitadas.
La revisión de la información utilizada para asignar las subvenciones y determinar la pertenencia al CCU.
El objetivo, según FACUA, es garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre todas las organizaciones.
Un total de tres millones de euros en subvenciones
El Ministerio de Consumo ha publicado la concesión de ayudas por un importe total de 3.047.529,91 euros, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado de 2025.
De esta cantidad:
2,33 millones de euros se destinan a programas para fomentar la actividad asociativa.
716.566,91 euros a proyectos específicos de defensa y protección de los derechos de los consumidores.
La auditoría formará parte del control de las ayudas
Según un comunicado oficial, el ministerio realizará una auditoría pública como parte del proceso de control y justificación de las subvenciones, conforme a la Ley General de Subvenciones.
El trabajo será dirigido por la Dirección General de Consumo, encargada de verificar la ejecución efectiva de los proyectos y la veracidad de la información declarada.
El ministerio recuerda que, aunque las declaraciones responsables son un mecanismo legal válido, la Administración tiene el deber de verificar los datos mediante auditorías.
