Casado pide a Sánchez un 155 para Catalunya por el sistema educativo
El líder del PP, Pablo Casado, ha sugerido este miércoles al gobierno que impulse la aplicación del artículo 155 de la Constitución para forzar que se hagan el 25% de clases en castellano en las escuelas de Catalunya.
Casado lo ha hecho al día siguiente de que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso de la Generalitat a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que obligaba a ello, y que la Generalitat haya dicho que no renunciará a la inmersión lingüística.
El líder del PP ha dicho que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está «obligado» a hacer cumplir la nueva sentencia del Supremo, y le ha ofrecido apoyo al Senado para aprobarlo:
«Le ofrezco a nuestros senadores porque si tiene que aplicar el artículo 155 sólo en este ámbito educativo, lo haga. Porque lo que no puede ser es que el gobierno de España dependa de los radicales de ERC».
Casado lo ha dicho en la concentración convocada en Madrid por los cuerpos policiales contra la nueva ley de seguridad ciudadana que derogará algunos de los aspectos más criticados de la anterior, aprobada por el PP y conocida como ley mordaza.
Todos los instrumentos del Estado
El líder del PP ya dijo este martes en Twitter que Sánchez debe utilizar «todos los instrumentos del Estado» para hacer cumplir la resolución del Supremo, y que si no lo hace, estará prevaricando.
Casado se une así a Vox, que este martes ha reclamado «suspender la autonomía y desarticular la banda de la Generalitat».
Por su parte Inés Arrimadas, de Ciudadanos, ha dicho que el Supremo les ha dado la razón y que «ya no hay excusas» para no ejecutar la sentencia:
«Ante la chulería de la Generalitat yo le pregunto al gobierno y a Sánchez que qué harán: ¿Seguirán pactando con ellos? ¿Seguirán mirando hacia otro lado?»
«Que actúen, que utilicen todos los mecanismos que tienen a su alcance, que son muchos, para hacer cumplir esta sentencia. Esto es un pulso en España».
El gobierno dice que no actuará
Pero, de momento, el gobierno no piensa tomar ninguna iniciativa después de la resolución del Supremo.
Lo ha dicho este miércoles la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien ha asegurado que es el propio Supremo el que debe reclamar la aplicación a la Generalitat.
Antes de estas declaraciones el conseller de Educación, Josep González-Cambray, había dicho que el gobierno le había garantizado que no reclamaría aplicar la sentencia.
Fue el Ministerio de Educación en el 2015, cuando gobernaba el PP, el que instó a la sentencia del TSJC, hecha pública en diciembre, y que ahora el Supremo ha corroborado.
Sin embargo, entonces estaba vigente la ley de educación del PP, la LOMCE, conocida como ley Wert, que ha sido sustituida por la ley impulsada por el PSOE, la LOMLOE, conocida como ley Celáa, que entró en vigor en enero.
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