Cabify queda fuera de Barcelona. La Generalitat aprueba en nuevo Decreto VTC
Los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), podrán seguir realizando trayectos urbanos dentro del Área Metropolitana de Barcelona después del 30 de septiembre, el día siguiente que expire la moratoria de cuatro años del gobierno que regulaba el sector.
A partir de esa fecha, la regulación del sector pasa a manos de la Generalitat, que este martes ha aprobado el decreto que regula los requisitos para que los VTC puedan circular.
Y Cabify, queda practicamente fuera de Barcelona con la nueva normativa. El Decreto establece, entre otros, que la longitud mínima de los VTC debe ser de 4,90 metros, lo que prácticamente sólo cumplen las furgonetas y los coches de alta gama y que deja fuera prácticamente a toda la flota de Cabify, que tiene vehículos del tipo Skoda Octavia, Hyundai i40 o Wolkswagen Passat, más cortos.
Por el contrario, el gobierno calcula que «más de la mitad» de los actuales 1.500 VTC en activo en Catalunya –de las cerca de 4.000 autorizaciones existentes– cumplen ya los nuevos requisitos. «Y los que no cumplan tendrán que adaptarse», ha afirmado la directora general de Transportes y Movilidad, Mercè Rius.
También incluyen que el vehículo lleve adscrito al menos un año o la exigencia de que, si son nuevos, tengan los distintivos 0 o ECO, además de estos otros, algunos de los cuales ya están vigentes:
Tienen que pasar 15 minutos como mínimo entre la contratación y la prestación del servicio, como ya ocurre ahora. En caso de no hacerlo, pueden recibir una multa de hasta 2.000 euros y pueden inmovilizarles el vehículo.
No pueden circular en busca de clientes ni propiciar su captación de que no hayan contratado previamente el servicio. También es ahora así. Si no cumplen, se exponen a sanciones de hasta 4.000 euros y la inmovilización del vehículo.
Los conductores deben tener el permiso de conducir con al menos dos años de antigüedad.
Como ya se exige a los taxistas, los VTC tendrán que tener un seguro de responsabilidad civil que cubra hasta 50 millones de euros.
Sanciones de hasta 6.000 euros
El nuevo decreto incorpora un régimen sancionador con multas que van desde los 201 a los 6.000 euros, el máximo que puede recibirse si, por ejemplo, se trabaja sin autorización o si se reincide en las infracciones.
Todo esto estará vigente dos años, prorrogables a otros dos, a la espera de disponer de una ley reguladora del sector. El gobierno ahora llevará el decreto al Parlament con la intención de que quede convalidado a finales de mes.
