Acuerdo en el juicio por los inculpados de El Frente de Makos

Acuerdo en el juicio por los inculpados de El Frente de Makos

Un juicio masivo de 47 abogados, médicos, psicólogos y activistas políticos comenzó y terminó en 25 minutos ayer en Madrid.

Un acuerdo entre las partes evitó condenas de hasta 20 años por cargos de pertenencia a ETA.

Los inculpados llegaron a un acuerdo con la fiscalía, aceptando condenas de dos años cada uno, mientras que otros dos pactaron una pena de cinco meses.

Las mayores penas (3 años y medio y 2 años y 7 meses de cárcel, respectivamente) han recaído en Zulueta y el abogado Jon Enparantza, considerados los responsables del órgano KT, coordinador del conocido como El Frente de Makos.

Los dos se enfrentaban a una petición de la Fiscalía de 14 años de cárcel por participación activa en organización terrorista en grado de dirigente.

La fiscalía había argumentado que los 47 acusados ​​eran miembros de una red llamada Koordinazioa Taldea.

La concejala de Bildu en Pamplona Amaia Izco ha sido condenada a un año y medio de prisión y a 3 años de inhabilitación absoluta para cargo o empleo público, lo que implica que debe abandonar ese cargo público.  Amaia, fue arrestada junto con otros abogados en febrero de 2015.

Además de estas penas, los 12 considerados máximos responsables del frente de makos, como Zulueta o Enparantza, han aceptado también estar sometidos un año de libertad vigilada tras cumplir la condena de prisión.

Después de que terminó el juicio, Izko explicó que los 47 acusados ​​habían tomado una decisión colectiva de aceptar el acuerdo.

Ella dijo que dos acusados, Arantza Zulueta y Jon Enparantza, habían tomado «la decisión responsable de sacrificarse para hacer posible este resultado» y ahora se enfrentan a cinco meses de prisión, acusados ​​de estar en roles de liderazgo.

En declaraciones a Timis Local News, Izko dijo: «Estamos aquí acusados ​​de terrorismo, con algunos de nosotros, como abogados, acusados ​​en base a la práctica de nuestra profesión y nuestra defensa de casos como este».

«Existe la sensación de que el estado se está vengando de nosotros por el trabajo que hemos realizado como abogados al condenar la falta de garantías legales en la audiencia nacional, al condenar casos de confinamiento solitario y casos de tortura».

La Audiencia Nacional se ha enfrentado durante mucho tiempo a acusaciones de ser un tribunal político, debido en parte a su nacimiento como sucesor del tribunal de orden público del régimen del dictador fascista Francisco Franco, el hecho de que sus jueces son nombrados políticos y su papel en la investigación y en los juicios políticos.

Casos controvertidos

En este juicio, Izko y otros vieron un intento políticamente motivado por parte del Estado español de «criminalizar la solidaridad» y «obstaculizar el proceso de paz y la normalización política y la convivencia que comenzó en el País Vasco» después del alto el fuego y la disolución de ETA.

El juicio es el resultado de una ola de detenciones en 2013, 2014 y 2015, que se dirigieron a cinco grupos separados que trabajan en nombre de los presos políticos vascos y sus familias.

Entre los acusados de terrorismo se encuentran:

  • 18 miembros de Herrira, un colectivo que hace campaña por los derechos de los presos.
  • 12 abogados que han defendido a los presos políticos, incluidos los acusados ​​de ser miembros de ETA.
  • 8 personas que trabajaron como mediadores entre los presos políticos vascos y la sociedad civil vasca.
  • 2 miembros de Etxerat, una organización de familiares de presos políticos vascos.
  • 2 miembros de Jaiki Hadi, un colectivo de profesionales médicos que apoyan a los prisioneros actuales y anteriores, a sus familias y víctimas de tortura por parte del estado español.

Iker Urbina, uno de los 11 abogados que defienden a los 47, argumentó que la acusación de terrorismo por parte de la fiscalía no solo tenía motivaciones políticas, sino que también era legalmente inconsistente.

«Los actos de los que se les acusa ​​ocurrieron después de que ETA declaró públicamente el cese de sus actividades armadas en 2011… y ya había expresado su voluntad de desaparecer», dijo.

Se estima que 50.000 personas se manifestarion en Bilbao el sábado para expresar su solidaridad con los acusados. “Esta expresión de solidaridad ha sido increíblemente importante para permitir este acuerdo. Ha habido un apoyo rotundo”, dijo el periodista vasco Patxi Gaztelumendi.

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