Feijóo plantea extender a nivel estatal la ley madrileña del “concebido no nacido”
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado su intención de llevar a escala estatal la ley impulsada por Isabel Díaz Ayuso en Madrid, una medida que busca otorgar reconocimiento al feto en el ámbito de ayudas públicas y políticas familiares.
La iniciativa, ya aprobada en la Comunidad de Madrid, contempla que el “concebido no nacido” sea considerado parte de la unidad familiar, lo que permitiría acceder a beneficios económicos, fiscales y sociales desde el embarazo.
Feijóo ha defendido que el embarazo debe tener reflejo en el sistema de apoyos públicos, asegurando que esta situación debe traducirse en ventajas para las familias antes del nacimiento del hijo.
Debate político y vínculo con el aborto
Aunque la medida se presenta como un refuerzo de las políticas de natalidad, distintos análisis señalan que forma parte de un enfoque ideológico más amplio, ya que equipara al feto con un nacido a efectos administrativos, lo que puede influir en el debate sobre el aborto.
En este sentido, la propuesta ha generado críticas desde sectores políticos y sociales que consideran que podría suponer una vía indirecta de desincentivar la interrupción voluntaria del embarazo.
Contexto normativo y antecedentes en Madrid
La ley madrileña, aprobada recientemente con apoyo del PP y Vox, permite que las mujeres embarazadas accedan a ayudas públicas antes del parto y que el futuro hijo compute para determinadas prestaciones, como las vinculadas a familias numerosas.
Feijóo ha recordado además que ya aplicó medidas similares durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia, y ha reiterado su intención de convertir esta política en una norma de ámbito estatal si llega al Gobierno.
Un anuncio en plena redefinición del programa político
El planteamiento se enmarca en un momento en el que el líder del PP comienza a perfilar su programa de cara a futuros escenarios electorales, incorporando propuestas centradas en familia, natalidad y políticas sociales.
La medida, sin embargo, abre un nuevo frente de debate político y social, especialmente en torno a los derechos reproductivos y el papel del Estado en su regulación.
