Interior responde a Peinado y pide amparo al CGPJ por sus dudas sobre la escolta de Begoña Gómez
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado una queja formal al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Juan Carlos Peinado, a raíz de las afirmaciones incluidas en una resolución judicial sobre la escolta de Begoña Gómez.
El detonante ha sido la consideración del magistrado de que los agentes encargados de su protección podrían llegar a colaborar en una eventual fuga, una hipótesis que el Ministerio del Interior considera especialmente grave por afectar directamente a la credibilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Desde el departamento que dirige Marlaska se interpreta que las palabras del juez suponen un cuestionamiento injustificado de la profesionalidad policial, ya que ponen bajo sospecha tanto a los agentes encargados de la escolta como a su cadena de mando.
El ministro ha calificado estas afirmaciones como un asunto de “máxima gravedad”, subrayando que la actuación de los cuerpos de seguridad se rige exclusivamente por la legalidad y constituye una garantía esencial del Estado de derecho.
Además, la queja no se limita a la defensa de los escoltas, sino que también afecta a sus superiores, ya que el auto judicial contempla la posibilidad de que pudieran existir órdenes ilegales dentro de la estructura policial, algo que Interior rechaza de plano.
Reacción policial tras las insinuaciones del juez Peinado sobre la escolta de Begoña Gómez
El origen de la polémica: el riesgo de fuga en el caso Begoña Gómez
Las declaraciones del juez Peinado se enmarcan en la resolución en la que acordó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez y la imposición de medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.
Para justificar estas decisiones, el magistrado argumentó la existencia de un posible riesgo de fuga y sostuvo que la presencia de escoltas no elimina ese riesgo, llegando incluso a plantear que estos podrían facilitar una salida del país en determinadas circunstancias.
Ante esta situación, Marlaska ha solicitado al CGPJ que valore la adopción de medidas dentro de sus competencias, con el objetivo de proteger la imagen institucional y la profesionalidad de los cuerpos policiales.
Aunque el ministro evita entrar en el fondo jurídico de la resolución, sí insiste en que este tipo de afirmaciones tienen un impacto directo en la confianza pública en las instituciones.
Este movimiento se suma a la creciente tensión generada en torno al caso, que ya ha provocado reacciones del Gobierno, de sindicatos policiales y de distintos actores políticos.
El enfrentamiento refleja un contexto más amplio en el que las decisiones judiciales, especialmente en causas de alto perfil, están teniendo una fuerte repercusión política e institucional, ampliando el debate más allá del ámbito estrictamente jurídico.
