El juez Pedraz imputa a antiguos mandos de la UDEF por el espionaje a Podemos
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar a varios antiguos responsables policiales ligados a la cúpula de la UDEF en tiempos del Partido Popular por su presunta implicación en una operación dirigida contra Podemos. Los hechos investigados se remontan a los años 2015 y 2016 y estarían vinculados a supuestas maniobras de carácter político desde estructuras policiales.
Nuevos investigados en la causa
Entre los señalados por el juez se encuentra el exresponsable de la UDEF, José Manuel García Catalán, quien deberá comparecer ante la justicia en las próximas semanas. El magistrado aprecia indicios que apuntan a su posible participación en las actuaciones que se investigan.
La causa también incluye a otros mandos policiales que habrían intervenido en operativos destinados a recopilar información sensible sobre dirigentes de Podemos. Según las pesquisas, algunos de estos agentes se desplazaron al extranjero para recabar testimonios que pudieran relacionar al partido con una supuesta financiación irregular.
El foco en la llamada “policía patriótica”
La investigación vuelve a poner en el centro del debate la conocida como “policía patriótica”, una presunta estructura dentro de las fuerzas de seguridad que habría actuado con fines políticos durante el mandato de Mariano Rajoy. Estas actuaciones habrían estado orientadas a perjudicar a adversarios políticos mediante informes o investigaciones sin respaldo judicial claro.
En este contexto, nombres como el del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el excomisario José Manuel Villarejo han aparecido en distintas causas relacionadas con este tipo de prácticas.
Una investigación compleja y prolongada
El procedimiento judicial sigue su curso tras varios años de diligencias marcadas por la complejidad de los hechos y el tiempo transcurrido. Algunas decisiones previas han obligado a reabrir líneas de investigación y a incorporar nuevos investigados.
Desde Podemos consideran que estos avances judiciales son clave para esclarecer si se utilizaron recursos públicos con fines partidistas, mientras que el caso continúa generando repercusiones políticas y judiciales en torno a la gestión del Ministerio del Interior en aquella etapa.
