El Supremo reduce a la mitad las costas al exfiscal general: pagará 39.000 euros
El Tribunal Supremo ha acordado reducir de casi 80.000 a 39.000 euros las costas procesales que deberá abonar el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por los gastos legales de la defensa de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La decisión llega después de que la letrada de la Administración de Justicia haya estimado parcialmente la impugnación presentada tanto por la Abogacía del Estado como por la Fiscalía, que consideraban que parte de esos costes eran indebidos y desproporcionados.
Se excluyen recursos que no debían computarse
El decreto elimina del cálculo distintas actuaciones procesales, entre ellas hasta 18 recursos de apelación, que solo pueden generar costas en situaciones de mala fe o temeridad. Esta corrección ha sido clave para rebajar de forma notable la cantidad final a pagar.
La cifra aún podría modificarse
Pese a la reducción, el procedimiento no está completamente cerrado. El Supremo ha decidido seguir analizando si las costas son también excesivas, por lo que el importe podría volver a ajustarse en función de los informes que se soliciten.
Para ello, se pedirá un dictamen al Consejo General de la Abogacía Española, que elaborará un informe junto al Colegio de la Abogacía de Madrid, en un intento de aportar mayor objetividad al proceso.
Una condena con varias consecuencias económicas y profesionales
Este asunto se enmarca en la condena al exfiscal general por un delito de revelación de datos reservados, por la que fue inhabilitado durante dos años. Además, tuvo que afrontar una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros, cantidades que ya fueron abonadas mediante aportaciones gestionadas por la Unión Progresista de Fiscales.
Un caso que sigue generando debate
La rebaja de las costas supone un nuevo capítulo en un proceso judicial que ha estado rodeado de polémica desde el inicio. Aunque el Supremo corrige parcialmente su decisión inicial, el debate sobre la proporcionalidad de las sanciones y el alcance de las responsabilidades sigue abierto.
