Ya hay fecha para el juicio de la plataforma marina del Proyecto Castor

Ya hay fecha para el juicio de la plataforma marina del Proyecto Castor

El juicio por los terremotos ocasionados por la inyección de gas en el almacén de gas submarino Castor comenzará el próximo 18 de octubre en la Audiencia Provincial de Castellón.

En el banquillo de los acusados se sentarán los dos principales responsables de la ex concesionaria del proyecto, José Luis Martínez Dalmau y Recaredo del Potro, así como la misma sociedad Escal UGS, controlada por ACS y en concurso de acreedores desde septiembre de 2019.

La fiscalía pide para cada uno de los directivos seis años de prisión por un delito contra el medio ambiente, petición que la acusación popular de la Asociación Arca Ibérica eleva a siete años. La Audiencia de Castellón prevé que la vista oral se prolongue unas doce sesiones diarias entre finales de octubre y principios de noviembre.

Después de seis años de instrucción por parte del juzgado número 4 de Vinaròs, el juicio se centrará en determinar las responsabilidades penales de Martínez Dalmau, Del Potro y la empresa, como acusados ​​de haber causado una «situación de peligro catastrófico», con más de un millar de seísmos registrados desde septiembre de 2013.

Así, y según constató el mismo instructor, a pesar de que ya conocían y habían sido advertidos previamente del riesgo sísmico existente que podía suponer la actividad en la zona, los directivos de Escal UGS decidieron inyectar gas. Lo hicieron, incluso, llegando prácticamente a triplicar el caudal previo cuando ya conocían que estaban produciendo terremotos y habían sido alertados en este sentido.

De acuerdo con las declaraciones previas de trabajadores de la ex concesionaria, los directivos optaron finalmente por acelerar el proceso con un plan de inyecciones mucho más rápido, descartando un ritmo más pausado y progresivo.

Así, a principios de septiembre de 2013 decidieron materializar la prueba de inyección que les requería el gobierno para otorgar la licencia definitiva. Esto los llevó a incrementar considerablemente el volumen de gas inyectado de un día para otro, en contra de lo que recomiendan las buenas prácticas de la industria.

La Audiencia de Castellón no abordará el escándalo por el desaforado coste final de las instalaciones y la indemnización de 1.350 millones de euros pagada a la sociedad controlada por Florentino Pérez, una vez hizo efectiva la renuncia al proyecto.

Una cifra multimillonaria que el Gobierno del PP intentó cargar sobre las facturas de los consumidores antes de que los tribunales anularan el mecanismo de pago.

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