Termina el plazo para ingresar en prisión los 5 condenados por el asalto a Blanquerna
Este jueves termina el plazo para ingresar voluntariamente en prisión para 5 de los 14 condenados por el asalto al Centro Cultural Blanquerna, la delegación de la Generalitat de Catalunya en Madrid, durante el acto oficial por la Diada del 2013.
El 23 de marzo, la Audiencia de Madrid los citó para recoger el requerimiento que les da diez días hábiles para entrar en un centro penitenciario.
Se da la circunstancia de que, siete años y siete meses después del asalto a Blanquerna, ninguno de los 14 condenados ha ingresado en prisión.
Es cierto que la primera sentencia, del Audiencia de Madrid, hace más de cinco años, les imponía penas inferiores a un año, pero tanto la primera revisión del Tribunal Supremo, hace más de cuatro años, como la segunda, a instancias del Tribunal Constitucional del verano pasado, les imponía penas de más de 2 años.
En todos los casos, los condenados han logrado evitar el ingreso penitenciario presentando recursos ante el Supremo o el Constitucional. No se tiene constancia de que esta vez lo hayan hecho.
Uno de los condenados, candidato de Falange
Uno de estos 5 condenados es Manuel Andrino, presidente de Falange y cabeza de lista por esta formación de ultraderecha en las elecciones a la Asamblea de Madrid a realizar el 4 de mayo.
También es de Falange Jesús Fernando Fernández, que es el número ocho de la lista a las elecciones madrileñas, que el Tribunal Supremo considera el líder del asalto.
Otro de los condenados es Pedro Chaparro, dirigente de la formación de ultraderecha Democracia Nacional, que en 2015 fue condenado a un año de prisión por amenazas al fotoperiodista Jordi Borràs.
Problemas con la justicia, además del asalto a Blanquerna, también ha tenido Iñigo Pérez de Herrasti Urquijo, integrante histórico de Alianza Nacional, otra formación de ultraderecha, que en el año 2000 fue condenado a 14 años de prisión por tenencia de armas y material inflamable.
Es hijo de Begoña Urquijo Álvarez de Eulate, de la familia de los marqueses de Urquijo, que durante muchos años fue tesorera de Alianza Popular, el actual Partido Popular. También es primo, por parte de madre, de Pedro Morenés Eulate, que en el momento del asalto a Blanquerna era ministro de Defensa.
El asalto a la sede
El miércoles 11 de septiembre de 2013, un grupo de personas de ultraderecha irrumpió en el Centro Cultural Blanquerna, la delegación de la Generalitat en Madrid, durante el acto oficial de celebración de la Diada.
Los asaltantes pasaron entre el público para llegar hasta el escenario, donde tiraron al suelo la bandera y el atril donde el delegado del gobierno, Josep Maria Bosch, estaba a punto de intervenir para abrir el acto.
Para llegar, golpearon algunos de los asistentes, entre los que se encontraba Josep Sánchez Llibre, diputado de CiU en el Congreso.
Bosch, Sánchez Llibre y un cámara de TV3 que cubría el acto resultaron heridos.
Los ultras gritaban «No nos engañan, Cataluña es España», también lanzaron gas pimienta irritante que obligó a los asistentes a abandonar las instalaciones.
Los daños materiales causados por el asalto del grupo de ultraderecha fueron valorados, más tarde, en 1.372 euros.
La acción fue breve y los agresores pudieron marcharse sin ningún problema, porque en el local no había ningún dispositivo de seguridad.
Entre los asaltantes había integrantes de formaciones de ultraderecha como Falange, Democracia Nacional y Alianza Nacional.
Condenados a más de 2 años de prisión los 14 asaltantes de Blanquerna en 2013
La investigación
La policía detuvo 12 personas que quedaron en libertad con cargos a los dos días, tras declarar ante el juez, que abrió una investigación por los delitos de lesiones, atentado y amenazas.
El juez, además, les impuso la prohibición de aproximarse a menos de cien metros de Blanquerna.
Las detenciones de estas 12 personas se hicieron a raíz de la denuncia presentada por Bosch y por Sánchez Llibre.
Más tarde se hicieron otras detenciones, y hasta 19 personas fueron investigadas por estos hechos.
Siete meses más tarde, en abril de 2014, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, dictó una resolución en la que acusaba a 15 de los 19 detenidos de cuatro delitos y tres faltas.
Los delitos eran los de desorden público, atentado contra la autoridad, daños y amenazas; las tres faltas eran por lesiones a las tres personas que resultaron heridas.
El su escrito, el juez exponía que los 15 investigados habían admitido haber accedido el Centro Cultural Blanquerna durante el acto de la Diada, y que todos los testigos y víctimas de las agresiones coincidían decir que el grupo había actuado coordinadamente.
Por todo ello, consideraba que el asalto había sido planificado, en buena parte mediante el uso de las redes sociales.
Para los 4 otros investigados, el juez decretó el sobreseimiento parcial, al considerar que no existían datos objetivos que justificaran la continuación del procedimiento.
Las peticiones de pena
En octubre de 2014, la Generalitat de Catalunya y CiU, personadas en la causa, pidieron 16 años de prisión para los 15 investigados.
Una petición que contrasta con la presentada por la fiscalía, de 2 años de prisión para trece de los acusados y 4 años de prisión para los otros dos, por los delitos de desórdenes públicos, daños, atentado, coacciones y faltas de lesiones y maltrato.
La primera sentencia
La primera sentencia por el ataque en Blanquerna, de la Audiencia Provincial de Madrid, se hizo pública en febrero de 2016.
Rebajaba mucho la petición de la fiscalía, que ya era muy inferior a la de la Generalitat.
En concreto, 14 de los 15 ultras investigados fueron condenados a penas de entre 6 y 8 meses de prisión.
La más alta correspondió al principal acusado, por un delito de desórdenes públicos y multa de 2.400 euros por un delito de daños.
El joven que empujó al diputado Sánchez Llibre fue condenado a 7 meses de prisión y a una multa de 4.800 euros por un delito de daños, y 100 euros más por maltrato de obra.
La segunda sentencia
En enero de 2017, el Tribunal Supremo revisó al alza la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Suprimió la atenuante de reparación de los daños ocasionados y introdujo el agravante de discriminación ideológica.
La sentencia del Supremo era firme, y las penas resultantes, de entre más de 3 y 4 años, suponían el ingreso en prisión. De todos modos, ninguno de los condenados ingresó en prisión, porque el Tribunal Constitucional (TC) lo suspendió cautelarmente al admitir a trámite el recurso presentado por algunos de los ultras.
El Tribunal Constitucional
En enero de 2020, el TC estimó parcialmente el recurso y sentenció que el Supremo había vulnerado los derechos de los ultras, al no haberlos escuchado antes de aumentarles la pena.
La tercera sentencia
En julio de 2020, el Supremo hizo pública una nueva sentencia en la que rebajaba las penas que había impuesto tres años y medio antes.
La sala segunda del Supremo condenaba a los ultras a penas de entre 2 años y 7 meses y 2 años y 9 meses de prisión.
Esta vez, el tribunal los considera culpables de los delitos de desórdenes públicos y contra el derecho de reunión, pero no ve el agravante de discriminación por razones ideológicas, que había incorporado a su primera sentencia, de enero de 2017.
Situación de los condenados
Aparte de los 5 condenados por el asalto de Blanquerna que deben ingresar voluntariamente en prisión, esta es la situación de los 9 condenados restantes:
- 2 están en trámite de citación para recoger presencialmente el requerimiento de ingreso voluntario
- 4 todavía tienen en trámite alegaciones de un requerimiento anterior de ingreso en prisión, porque han solicitado un indulto
- 1 aún tiene en trámite alegaciones de un requerimiento anterior de ingreso en prisión porque ha solicitado amparo al TC
- 1 espera el informe de la Fiscalía para resolver sobre su ingreso
- 1 está en busca y captura
Termina el plazo para ingresar en prisión los 5 condenados por el asalto a Blanquerna
