Primer juicio del Procés suspendido a la espera de clarificar la ley de amnistía
El Juzgado de lo Penal número 2 de Girona ha suspendido el juicio por el corte de las vías del AVE que hubo en Girona en el primer aniversario del 1 de Octubre.
Según el escrito judicial, los hechos quedarían amnistiados si acaba aprobándose la futura ley. Por ello, tal y como recoge el decreto, sería «inútil la celebración de un juicio con un alto coste material y personal».
De esta forma, se convierte en la primera vista suspendida por el proyecto de ley, tal y como pidió la defensa de los cuatro encausados.
En el escrito, el tribunal considera que la ley todavía está en tramitación parlamentaria, pero, sin embargo, la celebración del juicio previsto para los días 12 y 13 de diciembre supondría un «gran volumen de actuaciones», y muchas personas deberían desplazarse para intervenir desde distintos puntos del Estado, ya que «no han sido admitidas sus intervenciones por vía telemática».
Además, existe un testigo que el Ministerio Fiscal considera «esencial» que no se ha podido localizar y que ya provocó la suspensión del juicio anterior previsto para el pasado 28 de marzo.
El tribunal también justifica el aplazamiento añadiendo que hay un agente de los Mossos d’Esquadra que debe declarar y que sigue de baja «con pronóstico de larga duración».
Por todo ello, el juez ha decidido aplazar el juicio al 11 y 12 de noviembre de 2024. Considera que entonces habrá ya «un margen temporal suficiente para clarificar la situación legislativa de la proposición de ley».
La Fiscalía se opone
La petición de aplazar el juicio planteada por la defensa de los encausados llegó el pasado 14 de noviembre. Momento en el que el tribunal dio unos días a las partes para que presentaran alegaciones.
La primera en llegar fue la de la Fiscalía, que el 22 de noviembre se opuso a la suspensión de la vista. Según el Ministerio Fiscal, se trata de una ley «no vigente a día de hoy, de tramitación previsiblemente larga y de ámbito de incierta aplicación».
En cambio, la Abogacía del Estado, que representa a Adif y Renfe, el 28 de noviembre respondió a favor del aplazamiento. Lo justifica por el «principio de economía procesal, que tiene por objeto aliviar la tramitación del proceso».
Condenas de 4 años de cárcel
Los acusados se enfrentan cada uno a una condena de 4 años de cárcel y multas por valor de 12.150 euros por delitos de desórdenes públicos, atentado, daños y lesiones leves.
La causa llegó a tener diecinueve investigados, entre ellos el entonces alcalde de Celrà, Dani Cornellà, y el alcalde de Verges, Ignasi Sabater, detenidos por la Policía Nacional el 16 de enero del 2019. Sin embargo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado acabaron acusando a cuatro activistas.
