El Supremo avala la sanción a dos guardias civiles que dieron positivo en drogas y alcohol
El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción del Ministerio de Defensa de suspender a dos guardias civiles que fueron interceptados por la Policía Municipal de Madrid tras una visita a una chabola de la Cañada Real y dieron positivo en drogas y el alcohol.
Los magistrados han desestimado los recursos de los dos integrantes del Instituto Armado al considerar que no se habían vulnerado sus derechos.
Los hechos se remontan a enero de 2019, cuando agentes de la Policía Municipal de Madrid –que se encontraban prestando servicios en la Cañada Real– siguieron un vehículo blanco en el que viajaban tres hombres que se acercaron a una chabola sospechosa por ser empleada para el tráfico de drogas, consumo y menudeo.
En 29 folios, el tribunal ha relatado cómo los agentes interceptaron el vehículo e identificaron a los pasajeros: el que conducía era un guardia civil, el copiloto era un ciudadano rumano y el que iba en el asiento de atrás era otro guardia civil.
Los miembros de la Benemérita dijeron que «se encontraban trabajando». En un primer momento, los policías municipales pensaron que se podía tratar de una investigación y les dejaron ir. Ante las sospechas, sin embargo, les volvieron a seguir y revisaron si se trataba de un vehículo oficial. Finalmente, descubrieron que era el coche particular de uno de los guardias civiles.
Ante este escenario, los policías municipales detuvieron de nuevo al vehículo. Esta vez hicieron que los guardias civiles se bajaran del coche. Ninguno portaba el arma reglamentaria, pero uno de ellos tenía en su poder «una bolsita con sustancia que pudiera ser estupefaciente en forma de roca».
Uno de los agentes de la Benemérita manifestó «su pesar y arrepentimiento»; el otro, sin embargo, se pronunció «de manera altanera» y criticó el modo de proceder de los policías municipales. Los dos fueron sometidos a pruebas de alcoholemia y de drogas.
El que dio positivo en alcohol y drogas fue sancionado con dos años de suspensión de empleo y la pérdida del destino que ocupaba. El que solo dio positivo en alcohol fue suspendido por un año y perdió también el destino. A los dos se les abrió expediente como autores de la falta muy grave del abuso y atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos o a la Administración. Estas medidas fueron avaladas por el Tribunal Militar Central.
Los guardias civiles llevaron el caso al Supremo al considerar que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva e indefensión, así como vulneración a un proceso con todas las garantías y presunción de inocencia, además de falta de proporcionalidad y dilaciones indebidas.
En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado José Alberto Fernández Rodera, el Supremo ha explicado que, aunque los plazos del procedimiento se vieron afectados por la pandemia, «la resolución sancionadora se dictó dentro del término legal» y con ajuste a lo que contempla la ley en estos casos.
