Un juzgado de Barcelona acaba de emitir su primera sentencia en España contra una inmobiliaria por cláusulas abusivas en un contrato de alquiler, en concreto, 9 de las 10 cláusulas que se denunciaron.
Es el caso de Sílvia Torres, que decidió luchar contra las cláusulas del contrato de alquiler que le hizo Lazora, una de las empresas que pertenece al fondo buitre Azora, el tercer mayor fondo de inversión de España, que tiene miles de pisos de alquiler. Era David contra Goliat y poco creía que podría ganar.
Vive en un piso de 60 metros cuadrados, en Granollers; renovó el contrato en el 2020 con los nuevos propietarios del piso y pasó de pagar 385 euros al mes a 690, pero cuando examinó el contrato vio que después de tres años debería pagar 1.100.
De eso hace ya casi tres años, y hoy celebra con el Sindicat de Llogateres i Llogaters y el Colectivo Ronda, que le han gestionado la denuncia, la que aseguran que es la primera sentencia en España contra cláusulas abusivas de un gran fondo de inversión inmobiliaria:
«Ya no sólo estoy contenta por mi caso sino por toda la gente que hay detrás. Y espero que este tipo de empresas no abusen, ni pretendan engañar a personas que no tengan tantos recursos o tanto conocimiento. Por eso espero que esto establezca un precedente importante».
Cláusulas impuestas sistemáticamente a los inquilinos
Según el Sindicato, son cláusulas que este fondo impone sistemáticamente a los inquilinos, por lo que las consecuencias jurídicas de esta primera sentencia pueden beneficiar a mucha gente:
«Este es un precedente inédito en España dado que es el primer juicio contra la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de alquiler y, por tanto, abre las puertas a cambiar el futuro de miles de personas que viven de alquiler y allí están afectadas».
Gran trascendencia
Por parte del Colectivo Ronda, la abogada Montse Serrano ha calificado la sentencia de «hito de gran trascendencia» porque evidencia «el desequilibrio de fuerzas» a la hora de firmar un contrato:
«Aporta luz sobre los abusos y desequilibrios en perjuicio de los inquilinos que Azora y otros grandes tenedores y fondos de inversión incorporan de forma sistemática y masiva a los contratos de alquiler».
Serrano ha elogiado «la contundencia y claridad» de la argumentación de la sentencia, y la «relevancia jurídica» por el hecho de que la propia Azora haya reconocido durante el juicio que son «contratos de adhesión», sin margen del inquilino para negociar nada:
«No existe ninguna posibilidad por parte de las personas consumidoras de negociar, oponerse o matizar el contenido del contrato que se les impone y deben aceptar que se vulneren sus derechos porque necesitan un lugar donde vivir».
La cláusula de «bonificación»
El aumento desorbitado del alquiler de Sílvia Torres se explicaba por una cláusula que se presentaba como una «bonificación» del 30% para los 3 primeros años de contrato, y que aclaraba el precio «real» más alto en un anexo.
La titular del juzgado 31 de Barcelona, Judit Peries, consideró que esta cláusula no sólo es abusiva, sino que también tiene ánimo de confundir y engañar al inquilino.
En su argumentación, la jueza recuerda que, por ley, el arrendatario no pudo subir el precio por encima del IPC durante los 7 años de vigencia del contrato:
«La empresa, con esta ‘táctica contractual’ de la bonificación de contrato, lo que evita es aplicar la voluntad del legislador, porque el inquilino, después de 3 años, es obligado ‘implícitamente’ a abandonar la vivienda».
8 cláusulas más anuladas por abusivas
Con las otras 8 cláusulas anuladas Azora pretendía inspeccionar el piso cuando quisiera, quedarse la fianza si existían desperfectos mínimos o penalizar «desproporcionadamente» el retraso en la entrega de las llaves.
Las demás cláusulas obligan a pagar un seguro por impago, renunciar a derechos en caso de interrupción de suministros y también a recibir compensaciones si la empresa incumple el contrato.
Una de las cláusulas anuladas por la jueza es especialmente sangrienta: afirma que cada una de las demás cláusulas se han negociado individualmente entre la empresa y el inquilino.
La única cláusula admitida: registro de morosos en caso de impago
La única cláusula denunciada que no ha anulado a la jueza es la que autoriza a la empresa a incluir al inquilino en un registro de morosos en caso de que no pague el alquiler.
El Sindicat de Llogateres y el Colectivo Ronda describen a Azora como el tercer mayor fondo de inversión inmobiliario de España, con 13.000 viviendas en propiedad y 20.000 gestionadas directamente.
La demanda contra Azora por este caso se presentó en octubre del 2020 y entonces ya se hizo pública como la primera por cláusulas abusivas en un fondo de inversión.
Entonces Silvia Torres explicó que la empresa no le dio tiempo para mirarse bien el contrato: «Me hicieron entrar en un despacho, y pregunté si podía llevarme el contrato para consultarlo y no me dejaron».
Ahora celebra haber puesto la denuncia, y añade que no lo hizo por ella, sino por los vecinos que tuvieron que irse porque no tuvieron otra opción:
«Yo lo tenía muy fácil: coger las maletas y marcharse, pero también había gente detrás, había gente mayor, pensionistas, había gente con niños pequeños que tuvieron que marcharse porque no tenían tiempo de meterse en una demanda como ésta, y yo pensé que ya no era sólo para mí, era que no quería que engañaran a más gente».
El juicio se hizo dos años después, el 25 de noviembre, y ahora la empresa puede recurrir la sentencia a la Audiencia de Barcelona, por lo que es previsible que el caso no se cierre definitivamente hasta dentro de un tiempo.
