El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y la ultraderecha de Vox han votado en contra de una ley impulsada por la Comisión Europea para luchar contra la explotación laboral, incluyendo el trabajo infantil.
En la votación, populares europeos han estado divididos en el Parlamento Europeo sobre la Directiva de Diligencia Debida, en la que el PP ha sido uno de los que la ha rechazado, alegando que la legislación puede suponer una traba para el desarrollo y la competitividad empresarial.
El texto propuesto por Bruselas pretende que las grandes empresas estén sometidas a un comportamiento “sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de valor globales”. Así, plantea que identifiquen, prevengan, terminen o mitiguen los impactos adversos de sus actividades sobre los derechos humanos, como el trabajo infantil y la explotación de los trabajadores, y sobre el medio ambiente, por ejemplo, la contaminación y la pérdida de biodiversidad“.
160 millones de niños en todo el mundo (uno de cada diez) se encuentran en situación de trabajo infantil. Casi la mitad de ellos realizan trabajos peligrosos y 25 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso u obligatorio.
La Eurocámara ha avalado, con 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones, la propuesta, que influirá a las empresas con más de 250 empleados y una facturación superior a los 40 millones de euros, así como a las matrices que tengan más de 500 empleados y una facturación global por encima de los 150 millones de euros. En el caso de las que no tengan sede de operaciones en la UE, la legislación se aplicará a aquellas con una facturación superior a esa cifra en la que al menos 40 millones se hayan generado en territorio de los 27.
Una vez aprobada la directiva, las empresas que la incumplan podrán ser sancionadas económicamente con hasta el 5% de sus ingresos, e incluso, se podrán retirar sus productos del mercado.
A favor de la medida ha votado parte del PPE, los socialistas y demócratas, liberales, verdes y la izquierda mientras que otra parte del grupo que pilota Manfred Weber, incluido él y la delegación española del PP, entre otros, se han opuesto, junto a la extrema derecha y un puñado de liberales.
La delegación española del PP defiende su voto en contra: “La plena armonización en todo el mercado único es de gran importancia para las empresas de la UE y es necesaria para garantizar la igualdad de condiciones”, señala el grupo de Feijóo, que quería cambiar la directiva por un reglamento, que tiene una entidad regulatoria inferior.
“Es dramático que el Partido Popular español esté alineado con la parte más carca de la derecha europea”, señala el eurodiputado del PSOE Ibán García del Blanco. “El apoyo del Parlamento Europeo es un punto de inflexión en cómo miramos al papel de las empresas en la sociedad. Una ley sobre responsabilidad corporativa debe garantizar que el futuro es de las compañías que tratan a las personas y el medio ambiente de manera saludable, no de aquellas que basan sus ingresos en dañar al medio ambiente y en la explotación”, defendió la ponente del texto, la también socialista Lara Wolters.
La vicepresidenta de la Eurocámara Heidi Hautala, de los verdes, también lamentó que el PP europeo se acerque cada vez más a las posiciones de la extrema derecha.
