Posible prevaricación del Tribunal de Cuentas por una subvención de 400.000 euros al PP
elDiario.es publicó esta semana un artículo donde contaba que el PP pagó 411.400 euros en las generales del 28A a una empresa de los autores de la campaña sucia contra la izquierda.
La campaña consistía en anuncios de Facebook y en carteles por las calles para desmovilizar a la izquierda y que sus votantes fueran a la abstención.
Las dudas que sigue dejando la contratación del PP a la consultora Publick Worldwide S.L. son grandes. ‘elDiario.es’ preguntó al administrador de la empresa, Josep Lanuza, por el motivo de su contrato con el Partido Popular en las elecciones generales del pasado año.
Lanuza explica que se dedicaron a “localizar a votantes” y a realizar “encuestas y cuestionarios». «Esta empresa hace temas de call center, tracking y no de publicidad en redes», declaraba al digital.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no puede validar la subvención de esos gastos.
En las instrucciones que facilitan a los partidos políticos se puede leer lo siguiente:
“Los gastos derivados de la realización de encuestas electorales sobre intención de voto en periodo electoral, de acuerdo con la doctrina de la Junta Electoral Central y el criterio seguido por el Tribunal de Cuentas en anteriores fiscalizaciones, no se estiman comprendidos en los conceptos recogidos en el citado artículo 130 de la LOREG”.
Los partidos políticos reciben casi la totalidad del importe de la subvención y después de la auditoría del Tribunal de Cuentas, se realiza un ajuste, y se devuelve el importe correspondiente a los gastos que no cumplen los requisitos para ser subvencionados.
En su informe de fiscalización de las elecciones generales, el órgano señala que solo 50.463 euros de los que recibió el partido de Casado deben ser devueltos de la subvención.
Por tanto, esos 411.400 euros que el PP pagó a Publick Worldwide S.L han sido sufragados por las arcas públicas, a pesar de que el administrador de la empresa declarase que le pagaron por un trabajo que explícitamente excluye el Tribunal en su normativa.
Por lo tanto, si el Partido Popular ha subvencionado gastos de encuestas, incumpliendo la ley, y el Tribunal de Cuentas ha hecho la vista gorda y le ha permitido hacerlo, entonces estaríamos ante un supuesto delito de prevaricación en el Tribunal de Cuentas.
No obstante, si los gastos subvencionados no son encuestas, Josep Lanuza mintió para ocultar lo que estaba desvelando ‘elDiario.es’, y estaríamos ante el juego sucio en unas elecciones por parte de Pablo Casado.
El Tribunal de Cuentas es un organismo controlado, en su mayoría, por el PP.
Siete de sus miembros (entre los que se encuentra Manuel Aznar, hermano del ex presidente del Gobierno, y la presidenta, María José de la Fuente) fueron propuestos en 2012 por la formación que ahora dirige Pablo Casado.
Cinco por el PSOE de Rubalcaba. El año pasado absolvió a Ana Botella y a siete altos cargos de su gobierno de pagar 25,7 millones de euros por la venta de 1.860 viviendas públicas a Blackstone.
Posible prevaricación del Tribunal de Cuentas por una subvención de 400.000 euros al PP
