El Polisario pide a la ONU que intervenga por el acoso de Marruecos a la activista Jaya
El Frente Polisario ha enviado una carta urgente al Secretario General de la ONU, António Guterres, tras el contagio deliberado por COVID-19 de la activista Sultana Jaya y miembros de su familia.
Asimismo, reitera la inhumana situación en la que se encuentra la familia desde el año pasado como resultado de la política represiva marroquí. Como recordatorio, desde noviembre pasado, la familia sufre un asedio domiciliario impuesto con recurrentes palizas que han acabado por poner en peligro la integridad y salud de todos los convivientes.
El Polisario exigió la intervención inmediata de la ONU para detener las violaciones del estado de ocupación marroquí y responsabilizó a Marruecos de las posibles consecuencias, recordando en el mismo sentido que no hay proceso de paz mientras se persista en la violación y represión desproporcionada de civiles saharauis a manos de fuerzas marroquíes en los territorios ocupados.
Según informó la familia el 22 de agosto de 2021, el domicilio familiar fue nuevamente allanado y saqueado por un grupo de agentes de seguridad marroquíes.
«Durante el ataque, un agente de seguridad agarró violentamente a Sultana y le tapó la boca y la nariz con un trapo. Casi se asfixió a causa de esta brutal acción. Posteriormente, Sultana comenzó a sentirse enferma y a tener dolor muscular, disnea y otros síntomas asociados con la COVID-19. Su hermana Umm al-Muminin Sid Brahim Jaya (Bouta) sufre los mismos síntomas y es muy probable que otros miembros de la familia también estén infectados».
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Front-Line Defenders, entre otros, también han hecho sonar la alarma sobre la situación de Sultana Sid Brahim Jaya y su familia.
Además, la situación de los presos políticos saharauis, incluido el Grupo de Gdeim Izik, sigue siendo sumamente alarmante debido a las condiciones inhumanas y degradantes en las que se encuentran recluidos en las cárceles del estado ocupante de Marruecos, donde se les priva de sus derechos más básicos, incluido su derecho a recibir atención médica y visitas familiares.
