Dos guardias civiles implicados en la venta de armas confiscadas a mafias
Los guardias civiles responsables de inutilizar armas incautadas al crimen organizado se enfrentan a graves acusaciones tras demostrarse que dichas armas, certificadas como destruidas, se encontraban operativas y habían ingresado al mercado negro. El caso salió a la luz tras el hallazgo de una pistola calibre 9 milímetros junto al cadáver de un hombre que se suicidó en Torremolinos (Málaga), así como a través de otras investigaciones relacionadas con redes de compraventa de armas en Internet y operaciones urbanísticas fraudulentas.
Las pesquisas y los implicados
La investigación reveló que Enrique Montilla, exjefe de la Intervención de Armas y Explosivos (IAE) de la Comandancia de Málaga, y Manuel Rubiño, exjefe del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, eran los principales responsables. Ambos, actualmente retirados, habrían aprovechado su posición para formar parte de una estructura criminal dedicada al tráfico de armas.
- Enrique Montilla, encargado de certificar la inutilización, manipulaba los documentos oficiales para dar apariencia de cumplimiento legal.
- Manuel Rubiño, responsable de inutilizar las armas físicamente, las alteraba de forma que pudieran ser fácilmente rehabilitadas para su uso.
La trama también incluía a Alfonso M., propietario de una empresa de reciclaje y una armería, quien ponía las armas «achatarradas» a disposición del mercado negro.
El modus operandi y la extensión de la red
En lugar de destruir las armas, se desviaban a terceros a través de la armería, generando un flujo ilícito de armas operativas que se distribuían a nivel nacional e internacional. Además de los dos altos mandos y el dueño de la armería, están implicados los hijos de Montilla y dos colaboradores cercanos. Según la Fiscalía, las armas se entregaban a «depósitos ilícitos» para su posterior distribución.
Acusaciones y penas solicitadas
Los siete acusados enfrentan cargos por:
- Tenencia ilícita de armas de fuego prohibidas
- Depósito de municiones de guerra
- Pertenencia a grupo criminal
- Falsificación de documentos oficiales
El Ministerio Público solicita penas de hasta 14 años de prisión para cada uno.
La investigación y los hallazgos en el domicilio
En 2018, el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil inició investigaciones y, en julio del mismo año, registró el domicilio de Enrique Montilla. Los agentes encontraron:
- Una carpeta azul con certificados de inutilización de armas.
- Una pistola Walther firmada como inutilizada por Montilla en 2004 pero en perfecto estado de funcionamiento.
- Un maletín marrón con listados de armas y anotaciones manuscritas como: «Se puede guiar» y «tenemos que darle otro número».
El juicio en curso
El juicio contra los implicados comenzó el 25 de noviembre en la Audiencia Provincial de Málaga. Este caso pone en evidencia las vulnerabilidades del sistema de control y destrucción de armas, subrayando la necesidad de medidas más estrictas para evitar el desvío al mercado negro. El impacto de estas acciones trasciende lo económico, afectando directamente la seguridad pública al facilitar el acceso de armas a organizaciones criminales.
