Julian Assange quema el último cartucho para evitar que Reino Unido lo entregue a Estados Unidos
El Tribunal Superior de Londres analiza este martes y miércoles el recurso final del fundador de WikiLeaks para evitar la extradición hacia el país que le reclama desde que en el 2010 filtró más de 720.000 documentos secretos que revelaban crímenes de guerra cometidos por el ejército estadounidense en Irak y Afganistán.
Por ejemplo, la grabación de dos militares disparando desde los helicópteros Apache a civiles desarmados en Bagdad en julio del 2007. Un ataque en el que murieron al menos 12 personas.
El portal también reveló torturas en Guantánamo y actuaciones de otros países, como la corrupción en Islandia o las ejecuciones extrajudiciales en Kenia.
Pero Estados Unidos es el único país del mundo que ha tomado represalias legales contra las informaciones secretas difundidas por WikiLeaks.
La acusación de EEUU
La investigación judicial contra Assange la inició un tribunal de Virginia acogiéndose a la ley de espionaje de 1917, de la Primera Guerra Mundial.
Curioso, si tenemos en cuenta que esta ley quiere utilizarse para castigar la mayor filtración digital de informaciones secretas de la historia.
El tribunal de Virginia acusa a Assange de difusión de secretos oficiales, y la defensa del programador australiano apunta que se pone en marcha desde ese Estado porque es donde se encuentran las sedes de las principales agencias de inteligencia, como la CIA.
Según los fiscales, Assange no se limitó a difundir filtraciones, sino que también ayudó al ex militar Chelsea Manning a llevarlas a cabo, cometiendo presuntamente un delito informático.
En total, está acusado de cometer 18 delitos relacionados con el espionaje y crímenes informáticos, que podrían llegar a comportarle 175 años de cárcel.
Acusación de violación y asilo en la embajada ecuatoriana
En paralelo, la fiscalía de Suecia abrió en agosto del 2010 una investigación por violación y abuso a dos mujeres. Dos años más tarde, la justicia sueca pidió su extradición, y la investigación se cerró en el 2019 por falta de pruebas.
Pero en ese momento previo, Assange pidió formalmente asilo diplomático al presidente Rafael Correa, y en junio 2012 se refugia en la embajada ecuatoriana de Londres.
Está siete años, hasta abril del 2019. Allí tiene dos hijos, y salen a relucir las informaciones que él y sus abogados fueron espiados por la CIA en la embajada y que EEUU planeó secuestrarlo y asesinarlo.
Lo reveló Yahoo News en el 2017, en base a las declaraciones de un exagente de contra terrorismo.
Encerrado en una cárcel británica de alta seguridad
Assange pierde el asilo diplomático en la embajada cuando Lenín Moreno sustituye a Rafael Correa en la presidencia de Ecuador. El 11 de abril del 2019, lo encierran en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh.
Los últimos cuatro años han sido una lucha legal, un intercambio de recursos constante entre su defensa, la justicia de EE.UU. y la justicia británica sobre su extradición.
La defensa argumenta que podría no tener un juicio justo, que la causa es política, que difundir información verídica es derecho a la información, y que en EE.UU. podría hacer empeorar su frágil estado de salud.
Las razones humanitarias son las únicas que había aceptado la justicia británica, pero EEUU apeló al Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido, ofreciendo garantías diplomáticas, que las dio por buenas y aprobó su extradición.
En junio de 2022, la ministra interior británica, Priti Patel firmó la orden. Y la defensa de Assange presentó los últimos recursos que se resuelven entre este martes y miércoles.
Si pierde, el caso ya sólo le quedaría recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Establecer un peligroso precedente para la libertad de información y de prensa
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, la federación internacional de periodistas, Amnistía Internacional o Human Rights Watch, han desarrollado campañas por la liberación del periodista, así como lo ha hecho el parlamento de su país de origen, Australia.
En 2022, The Guardian, NYT, Le Monde, El País y Der Spiegel firmaron una carta conjunta titulada «Publicar no es delito», pidiendo al gobierno de Estados Unidos que retrocediese.
Se trata de medios que han desarrollado investigaciones periodísticas en base a filtraciones de WikiLeaks. Veremos, ahora, si la justicia británica lo ve con los mismos ojos.
