Los intereses de Florentino Pérez por la ampliación de la C32
Las obras de la C-32 entre Blanes y Lloret de Mar, este jueves han quedado paradas de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El juez advierte que el estudio de impacto medioambiental es deficiente, ponen a prueba la voluntad real del Govern de asumir medidas sobre el medio ambiente que empezarían a dar sentido a la emergencia climática que el mismo Ejecutivo aprobó con toda solemnidad en mayo.
Este comportamiento del Govern de, por un lado subirse al carro de los discursos de alerta ecologista, pero en la práctica tirar por la prolongación de la autopista del Maresme (con un coste de 90 millones de euros) a pesar de la alarma medioambiental pone en cuestión la credibilidad de su política medioambiental.
Ahora, incluso después de que el juez haya decretado la suspensión cautelar de las obras, la Generalitat continúa enrocada y el consejero de Territori y Sostenibilitat, Damià Calvet, ha salido a defender que recurrirá la decisión para continuar un proyecto que considera necesario para mejorar la movilidad en la zona.
Los ecologistas hacen frente
El portavoz de la plataforma Stop C-32, Joan Mora, ha comparecido en el Parlament de Catalunya para denunciar «la doble moral de la Generalitat» al haber declarado la emergencia climática mientras impulsa un proyecto que atraviesa Blanes y Lloret de Mar y que considera «nocivo para el medio ambiente».
El auto del TSJC demuestra, según Mora, que el tribunal tiene «un gran conocimiento sobre la jurisprudencia medioambiental» y «no deja lugar a dudas sobre las deficiencias del estudio de impacto ambiental, el no cumplimiento de la Ley contra el cambio climático, lo que no podemos decir de la conselleria de Territori y Sostenibilitat». Para los ecologistas Calvet es «el peor consejero» de medio ambiente que ha habido hasta ahora.
En las conversaciones de los ecologistas con el Gobierno, explica Mora, les habían dicho que «querían hacer las cosas bien», pero en realidad creen haber comprobado que lo que buscan es seguir impulsando «un proyecto en el que hay muchos intereses» y el medio ambiente, en este contexto, «es para ellos puramente un trámite burocrático que no les ha impedido iniciar las obras contraviniendo los estudios de impacto ambiental».
Los intereses
Desde la plataforma ecologista creen necesario para hacer frente a unas obras que no sólo implican hacer frente a la Generalitat, sino también a un puñado de empresas del Ibex-35.
Este es otro aspecto de la historia que engancha el Gobierno de JxCAT y ERC en una nueva contradicción.
Porque si en todo el proceso el independentismo ha apuntado contra estas empresas como adversarias del 1-O y los intereses del país, lo cierto es que en proyectos como el de la C-32 se va de la mano.
De la prolongación de las obras se beneficia Abertis, empresa adquirida en 2018 por el grupo ACS de Florentino Pérez. Y aún más: el concurso para la ejecución de las obras lo ganó Dragados, también en manos del presidente del Real Madrid.
Las obras en la C-32 ponen pues el Gobierno y el Ibex 35 en un bando y los ecologistas (y ahora también el TSJC) en el otro.
Optar por alternativas
Los ecologistas han pedido al Gobierno que «desista» finalmente del proyecto, que ha sido suspendido por segunda vez, y que apueste por un desdoblamiento de carreteras como alternativa menos costosa, que la propia Generalitat aprobó en 2012 y que no ha llevado a cabo con la excusa de que no hay dinero.
Aparte, también han reclamado que se comience la restauración forestal y paisajística de la zona afectada después de 50 días de obras y han llamado la atención sobre el hecho de que el riesgo de incendio continúa por la basura que han generado las obras.
Las obras en la C-32 comenzaron en mayo pocos días después de que el TSJC admitiera a trámite un recurso de los ecologistas con las obras.
En este contexto, la Generalitat inició las obras a pesar de conocer esta circunstancia y pudiendo prever que si la justicia paraba el proyecto el Gobierno podría verse obligado a «indemnizar a la empresa adjudicataria, que es lo que probablemente pasará», dijo Mora.
El portavoz ecologista ha advertido de posibles presiones de Abertis sobre la Generalitat. También ha hablado de un departamento de Territori y Sostenibilitat de relación con las empresas y concesionarias, del que ha cuestionado la misión.
La prolongación de la autopista prevé la construcción de seis kilómetros. Las obras afectarían 50 hectáreas de bosque. El 20% de la ahora proyectada ya está afectada desde que las obras comenzaran el 22 de mayo pasado.
Por otra parte, y en relación a esta cuestión, el Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves instar al Gobierno a desestimar la ejecución de la prolongación de la C-32 hasta Lloret de Mar, punto de una moción presentada por la CUP.
Finalmente, la propuesta, que ERC y JxCAT han dejado caer, también incluía anular los compromisos que supongan la impltanció de peajes en la sombra, un aumento de tarifa de los peajes actuales, o un alargamiento del periodo de concesión de estos.
Los intereses de Florentino Pérez por la ampliación de la C32
